El juez ordena a Economía aportar nueva documentación sobre las ayudas a Francis Puig

La Guardia Civil pretende que la Conselleria de Economía le aporte la información «de todas las entidades empleadoras de naturaleza privada (incluidas las personas trabajadoras autónomas) que hubieran solicitado la citada subvención para la distribución provincial de créditos de Castellón y el modo en que se hubieran completado la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros previstos en la normativa de procedimiento administrativo común, de cada una de las solicitudes». Es decir, la documentación detallada de las subvenciones relativas al programa convocado por la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) . Y es que el PP considera que «resulta necesario conocer la totalidad de los solicitantes y sus fechas», al existir un orden de solicitudes.

Desde la Fiscalía se subraya en el auto que se investiga «la posible adjudicación fraudulenta a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut», empresas en las que Francis Puig tiene una significada labor, y Canal Maestrat y Kriol Produccions, dos empresas vinculadas a la familia Adell Bover, firmas que comparten servicios, actividades y hasta facturas de todo tipo. El ministerio público recuerda que deben corroborarse «los datos obrantes en la documentación aportada al Juzgado», por lo que «se hace necesario ampliar información no incluida en la misma».

En este sentido, la síndica del PP en Les Corts, Eva Ortiz, se dirigió el pasado mes de febrero de 2020 a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude radicada en Bruselas para denunciar que Avalem Joves, en lo relativo a Mas Mut, otorgó una subvención del programa con cargo al Fondo Social Europeo «para la contratación con carácter indefinido» de un hijo de Ximo Puig, presidente de la Generalitat, sobrino de Francis y que, según el PP, es «manifiestamente fraudulenta» porque no cumple con las cláusulas que exigían la convocatoria de las subvenciones. Ortiz señala en su escrito a Bruselas que se produjo «un fraude consistente en la simulación de un empleo que, como más tarde se evidencia, no se creó realmente». En el auto dictado el pasado 21 de junio se especifica que la resolución para requerir la información a Economía «no es firme y frente a ella cabe recurso».

En esta causa se analizan irregularidades en la concesión de ayudas en varios ámbitos y programas. En concreto, para el fomento del valenciano destinado a medios de comunicación social; el programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (ahí es donde están las relacionadas con el programa Avalem Joves); subvenciones estructurales para la edición de medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés y ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido pedir seis meses más de instrucción al titular del juzgado. Sostiene el ministerio público que el próximo 29 de julio, fecha de finalización de los doce meses iniciales establecidos para la investigación, las pesquisas no estarán concluidas. De ahí ese plazo extra que demanda para completar las diligencias, una prórroga que es susceptible de ampliarse.

La acusación pública es consciente de «la complejidad de la causa» en la que se investiga un supuesto fraude de subvenciones relativo a las ayudas solicitadas desde 2015 hasta 2018.

En el juzgado no se ha recibido toda la información mercantil que se reclamó a las empresas investigadas en la supuesta red delictiva. En la misma situación, la de espera, permanece el informe encargado a la Agencia Tributaria sobre las sociedades bajo el foco de la investigación, vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat. La Fiscalía apunta en el escrito donde pide la prórroga para continuar las diligencias que existe una alta probabilidad de que a raíz de ese dosier encargado al organismo tributario sean necesarias nuevas diligencias, al margen de las autorizadas ahora relativas a la documentación reclamada a la Conselleria de Economía sobre Avalem Joves. Con la nueva prórroga el horizonte temporal del final de las pesquisas se sitúa en el principio del próximo año.