El juez procesa al dueño de Avialsa por delitos fiscales y blanqueo de capital

El caso Avialsa, el supuesto trato de favor a la empresa encargada de la extinción de los incendios en la Comunitat durante el mandato del PP, suma un capítulo más en una investigación que encadena ya varios años. Un caso enmarañado, con muchos frentes abiertos y que afectaba directamente al exconseller Serafín Castellano.

El magistrado del juzgado número 2 de Sagunto ha procesado al propietario de Avialsa, Vicente Huerta, entre otros, al hallar indicios racionales de criminalidad por canalizar de manera instrumentalizada la totalidad de los ingresos y gastos del grupo empresarial «con la finalidad de camuflar gastos amparados en facturas, prestaciones de servicios no ejecutadas, otorgar préstamos entre las sociedades y movilizar el capital inmobiliaria entre empresas para eludir el pago de tributos». El juez procesa a Vicente Huerta por siete delitos contra la Hacienda Pública en relación al impuestos de sociedades entre 2007 y 2012 además de 2014, y otros cuatro delitos por el IVA de los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012. A estos se suma un delito por el IRPF, blanqueo de dinero y falsedad en documento mercantil. Francisco Antonio Alandí Escrig también ha sido procesado por los mismos delitos excepto los del IRPF, que a la postre fue el denunciante del caso Avialsa. José Francisco Bonafont y Antonio Ballester también han sido procesados por delitos fiscales y de blanqueo de capital. El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Quartell Emilio Máñez también figura en el auto como cooperador necesario de un delito continuado de blanqueo de capitales y de falsedad documental, este en calidad de autor.

El auto de incoación de procedimiento abreviado es una resolución que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos y pone punto final a la instrucción. Tras esto, se da traslado a las acusaciones para que presenten su escrito de calificación o soliciten la práctica de más diligencias.

La investigación se centra bajo la premisa de «caja única», donde todas las sociedades del Holding Avialsa parece que se cruzaban facturas con el fin de eludir las obligaciones fiscales y con el objetivo de blanquear capitales. Una estructura financiera enmarañada donde se cruzaban contratos entre las sociedades y se hacían préstamos entre las distintas empresas. En el auto figuran las cacerías articuladas a través de la Fundación Medioambiental Huerta, clave para toda la operación, y que organizaba cacerías en las que participaba el exconseller de Gobernación.