El juez reprocha a Oltra su falta de colaboración con la justicia

Algunas de las respuestas del pasado lunes suponen un atentado contra la lógica, en palabras de alguno de los presentes en la testifical. De la comparecencia de Oltra se desprende la difícil convivencia entre el deber de abstención que ella cree que debía cumplir en este asunto -al tratarse de su pareja, pero también de una menor- y su obligación como consellera de averiguar qué había pasado.

Esto hizo, por ejemplo, que desde que llega la notificación judicial a su casa (agosto de 2017) hasta que se produce la condena al docente (diciembre de 2019) la titular de Igualdad no se interesara por el avance de aquella orden que trasladó a su jefe de gabinete Miquel Real de que se averiguara si el departamento autonómico conocía este procedimiento. Se entera, según su versión, de que el encargo transmitido a Real se ha convertido en un dosier que desacredita a la adolescente cuando está preparando su comparecencia en Les Corts.

En numerosas ocasiones, sus respuestas ante las preguntas del juez y el fiscal fue la de que los técnicos actuaron de acuerdo a su leal entender y «sin interferencias». La vicepresidenta insistió que ignoraba quién o quiénes debían conocer que se había producido un episodio de abusos. «Es como si le preguntan al conseller de Sanidad quién entra en quirófano».

La exvicepresidenta tuvo que contestar, de entrada, a preguntas de su relación personal. Los abusos se cometieron entre finales de 2016 y principios de 2017, según la sentencia de la Audiencia. La exlíder de Compromís indicó al juez que la relación con el docente se rompió en el verano de 2016, aunque continuaron «compartiendo vivienda» hasta septiembre de 2017. De esta forma justificó que la notificación judicial llegara al domicilio.

La exdirigente no se enteró de que su pareja no trabajó durante casi un mes en el centro donde se cometieron los abusos cuando se abre la primera investigación por parte del personal de las dependencias y de la propia Conselleria de Igualdad. «Él me dijo que le debían días y que no me preocupara de los niños que él los iba a atender», indicó. Además, se trataba de un periodo con mucho trabajo y viajes constantes a Bruselas y Madrid, añadió para justificar ese desconocimiento. El ministerio fiscal ha reclamado que se comprueben esos compromisos laborales.

El instructor le inquirió acerca de por qué en el centro y los internos de las dependencias sabían que el educador era su marido. «No conozco a esas personas y no lo sé». De igual modo, se le preguntó acerca de la «especial discreción» de la que hablan dos técnicos de la conselleria en un correo al referirse a este asunto. «Ellos trabajan según su leal saber y entender y sin interferencias», terció una vez más.

La primera entrevista a la menor, de apenas 45 minutos, fue suficiente para no derivar el caso a la Fiscalía ni a otra institución. El juez le preguntó su opinión acerca de esta diligencia. «No tengo conocimientos para juzgar esa actuación. Yo soy licenciada en Derecho pero no tengo conocimientos en psicología e intervención social para emitir un juicio sobre esa actuación funcionarial».

Oltra añadió que desconocía que la menor y el docente siguieran compartiendo centro después de la comunicación de las primeras denuncias. De hecho, la víctima no fue trasladada hasta el 14 de agosto de 2017 cuando la Fiscalía lo había pedido por primera vez el 6 de julio. De nuevo, volvió a remitirse a los técnicos.

Ella, como siempre ha defendido, se había enterado el 4 de agosto por una notificación que llega a su casa. Así recordó este episodio: «Fue una llamada de teléfono de mi ex, porque yo estaba de vacaciones con mi madre. Le pedí , como había dificultad de comunicación telefónica, que me leyera la primera hoja y ahí es donde me di cuenta de que había una Previas. Yo de las DIP (investigación previa de Fiscalía) obviamente no sabía nada y le pongo de manifiesto lo que significaba».

Fue entonces, en aquel momento, cuando contactó con su jefe de gabinete, Miquel Real. «Le digo que recabe información y acerca de si de esto en la Conselleria alguien sabe algo porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera».

El 8 de agosto de 2017, según las actuaciones, tuvo entrada en la dirección territorial de Igualdad la orden de alejamiento contra el educador. Oltra no tuvo conocimiento de esta circunstancia hasta «tres o cuatro años más tarde», es decir, supuestamente cuando ya preparaba la comparecencia en Les Corts. La directora, indicó en su día, tampoco supo de la llegada de esta resolución judicial. Oltra desconoce por qué no le informaron de este extremo y por qué tampoco lo sabía una de sus subordinadas.

El juez profundizó acerca de su papel como consellera pero su obligación de abstenerse en este asunto, que la responsable defendió a lo largo de la comparecencia del pasado lunes. La política indicó que ese mes de agosto prácticamente se lo pasó en La Fe por un problema de salud de su hijo. Fue el subsecretario el que se hace cargo de esas gestiones para saber si la denuncia se conocía en la conselleria y es cuando le informan de que los técnicos «están trabajando en ello».