El juez prorroga la investigación a Oltra y arruina sus posibilidades de ser candidata en 2023

Este lunes ya se ha confirmado la prórroga de las pesquisas con un auto en el que acuerda prorrogar por un plazo de seis meses el periodo de instrucción. La decisión, no por esperada, limita el impacto sobre las aspiraciones de la exvicepresidenta ante un eventual regreso a la política en la candidatura de Compromís. La ampliación de la instrucción arruina las –escasas– posibilidades de que la líder de la coalición nacionalista regrese al terreno político.

El auto, que lleva fecha de este lunes amplía esos seis meses a partir del próximo 31 de octubre. No es obligatorio agotar los términos. Pero en caso de que esto ocurra -31 abril- no deja margen de maniobra. Prácticamente sin opciones para Oltra de poder ser candidata en las elecciones de finales de mayo.

El juez rechaza la alegación efectuada por la representación procesal de Oltra, que sostenía que se habían sobrepasado los plazos de la investigación judicial legalmente previstos, circunstancia que, en el caso de ser cierta, aboca la causa a un final cercano.

Pero el titular de Instrucción 15 rechaza esa tesis. Tal y como ya detalló este diario, la defensa de la exvicepresidenta planteaba que los plazos empezaron a contar desde mayo de 2021 cuando Instrucción 15 recibe la denuncia de Teresa Tanco, la víctima de los abusos. En septiembre se archivaba la causa, con el informe favorable del fiscal, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de Luis Ramírez Icardi, el docente condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a la menor.

Sin embargo, en diciembre la Audiencia ordena la reapertura inmediata con independencia de la resolución del alto tribunal. Desde entonces, se han producido las 16 imputaciones y toda una catarata de diligencias para aclarar los hechos. El letrado de la exconsellera mantiene que el plazo caducó en mayo de este año. De tal forma que como no se acordó antes la prórroga ahora no cabe esa posibilidad.

Lo que obviaba la defensa de Oltra es que en esta causa se produjo una acumulación de otra denuncia, la que, por su lado, presentó la organización controlada por Cristina Seguí. Esto se produjo inmediatamente tras la reapertura del asunto. Además, incorporaba nuevos delitos lo que reiniciaría el cómputo.

«Resulta obvio que la acción penal ejercitada por dicha asociación ampliaba no solo subjetivamente, sino objetivamente, el marco de la investigación, como puede advertirse fácilmente al dirigirse la misma, por ejemplo, contra Carmen Fenollosa por hechos no contemplados en la inicial denuncia», recoge el instructor. Los dos asuntos se unieron por motivos de conexidad, pero el abanico de imputados era diferente.

Es decir, según el juez, ha de tomarse como referencia el auto del 28 de junio que inicia las pesquisas. Aborda, a continuación, los meses en los que la causa estuvo archivada. Pero ese periodo no se puede contabilizar a efectos de lo que pretenden las defensas. Concluye el juez que no se puede hablar de interrupción salvo cuando una causa esté sobreseída provisionalmente, es decir, que la aparición de nuevos indicios permita reactivar las pesquisas.

No es el caso que afecta a Oltra. El archivo nunca fue firme porque estaba pendiente el pronunciamiento de la Audiencia, tal y como posteriormente te se produjo. «Pretender que la causa se halle en fase de investigación cuando no está siquiera a disposición del Juzgado de Instrucción que es el encargado de llevarla no es admisible», responde el instructor al escrito de Oltra.

Así pues, según el auto del juez, «la investigación se ha llevado a cabo entre el 28 de junio de 2021 y el 8 de septiembre de 2021 y entre el 12 de enero de 2022, hasta la fecha: 2 meses y 11 días hasta su sobreseimiento provisional y 9 meses y 12 días hasta la fecha, es decir 11 meses y 23 días, por lo que no se ha alcanzado el periodo de doce meses contemplado en el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La idea que sostiene Oltra de que los plazos siguieron computando mientras estaba en vigor el archivo provisional «nos hallaríamos ante consecuencias en absoluto pretendidas por el legislador».

El juez recuerda que se encuentran diligencias pendientes de practicar como las del exjefe de gabinete Miquel Real y del subsecretario de Igualdad Francesc Gamero. Ambos han de declarar como imputados tras la comparecencia de Oltra donde les atribuyó un papel clave a partir de que ella conoce que se está investigando judicialmente a su exmarido. El docente seguía empadronado en su vivienda pese a que la relación sentimental estaba agotada.

El instructor adelanta que esta semana resolverá acerca de la petición de otras diligencias. Y, además, recuerda el juez que algunas de las pruebas que quedan por practicarse están orientadas a una esfera claramente exculpatoria para que el derecho de defensa pueda desarrollarse completamente por parte de los investigados.