La jueza de Azud pide saber si el director de Antifraude fundó Acción Cívica

Acción Cívica, una entidad que lucha contra la corrupción, presentó a finales del mes pasado un escrito ante este juzgado en el que recordaba que en mayo de 2021 ya solicitaron su personación popular. En aquel momento, la causa permanecía bajo secreto de sumario. Desde entonces no han recibido respuesta. La entidad se pronunció en esos términos pocas fechas después de conocer que el juzgado aceptaba la personación de PP y Vox en esa investigación.

De hecho, la juez acordó su entrada en el procedimiento, pero con dos requisitos. El primero de ellos: una fianza de 10.000 euros. El segundo, que deberían estar bajo una misma representación letrada, es decir, compartir abogado. Una circunstancia que, en realidad, no interesaba a nadie. Finalmente, el PP realizó el ingreso de los 10.000 euros de fianza el pasado 22 de marzo. Un día después consta el de Vox. Por tanto, la jueza acordó que la dirección letrada de ambos partidos se unifique en la profesional contratada por el equipo de Carlos Mazón. Se trata de una posición que finalmente perjudica enormemente al partido de Santiago Abascal.

Acción Cívica, que ha sido parte en numerosos asuntos judiciales como Imelsa y Ivam, señala en su escrito que no había insistido hasta ahora en la personación «por respetar los tiempos del juzgado en una causa tan compleja y extensa». Además, la letrada subrayaba que había optado por la 'paciencia' en la reclamación tras conocer la postura del fiscal sobre este particular.

En un informe, Anticorrupción habló de hipertrofia acusatoria para oponerse a la participación del Ayuntamiento. La organización manifiesta la «sorpresa» al conocer la admisión de los partidos sin que haya obtenido respuesta a su inicial escrito.

No se antoja probable que la llegada de Acción Cívica obligue a situar a los partidos políticos bajo su dirección porque se trata de entidades opuestas. Acción Cívica es ajena «a intereses partidistas y a cualquier ideología política».

La personación de Acción Cívica no está exenta de polémica. Algunas defensas se han pronunciado en contra de su personación, al entender que la Agencia Antifraude había sido designado como perito en esta investigación, y que esa supuesta relación de Llinares con Acción Cívica le invalidaría para ser al mismo tiempo acusación popular.