La jueza del circuito de la F-1 encarga a Intervención informes de 21 contratos

El caso del circuito de la Fórmula 1 afronta ya la recta final de la instrucción después de que el fiscal no solicitara la declaración de complejidad -ampliar la investigación a 18 meses- y diera por agotadas las pesquisas. No obstante, todas las diligencias acordadas con anterioridad se incorporan al expediente judicial aunque se reciban una vez superadp el plazo ordinario de los seis meses. Una de ellas podría ser el informe que ha encargado la juez a la Intervención de la Generalitat.

La petición se produjo hace un mes por parte de la Abogacía de la Generalitat. El Gobierno, que ejerce la acusación particular por el supuesto amaño del diseño del circuito, quiere cuantificar el supuesto perjuicio que le supusieron determinadas actuaciones relacionadas con la Fórmula 1. Entre ellas, figuran las obras de acondicionamiento en la avenida de Francia y Alameda, las asistencias técnicas, los trabajos en la Marina Real, las obras en los tinglados 4 y 5 y contratos de seguridad y vigilancia, aparte de otras cuestiones. La Generalitat busca una pericial que recoja el supuesto quebranto económico de esas adjudicaciones. De ahí, la solicitud del informe que ha aceptado la juez y que algunas partes han recurrido. Posiblemente sea la Audiencia la que, en última instancia, debe resolver acerca de la conveniencia de este informe.

Al parecer, la Abogacía de la Generalitat sostiene que el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) carecía de competencias para adjudicar trabajos relacionados con la F-1. Pero esta decisión no se ha discutido por la vía administrativa hasta ahora, que se ha abierto una causa penal por el amaño del diseño del trazado.

La confesión de Ricardo Costa ante dos de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia abrió una nueva vía en esta causa. Hasta ese momento, sólo se investigaba el amaño del diseño. La acusación pública mantiene que las dos ingenierías encargadas del evento (la UTE Typsa y Ayesa) conocían que iban a ser adjudicatarias antes de que se sacara el concurso. Como principales investigados figuran el expresidente Francisco Camps, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y su secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui.

Las revelaciones del que fuera secretario general del PP llevaron a la imputación de Vicente Rambla y David Serra así como de otros empresarios que recibieron obras en el circuito. Costa sostiene que se pagaron comisiones a cambio de encargos desde el Consell. Un método con el que, por otra parte, el PP de Valencia se financiaba de manera ilegal y para el pago de actos electorales, como ha quedado acreditado en la sentencia del juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional que impuso más de cuatro años de cárcel a Costa. El arrepentido obtuvo una considerable rebaja de pena tras su colaboración el mismo día del juicio.

La juez, por otra parte, sospecha que en al menos tres contratos relacionados con la Fórmula 1 se autorizaron sobrecostes al borde del 20% -el máximo legal- como compensación por el pago de comisiones. De hecho, esta fue una de las cuestiones que formuló a Camps en su declaración, si había dado órdenes de autorizar esos modificados. Álvaro Pérez, el Bigotes, también ha intentado emprender una colaboración con la Justicia, pero con menos fortuna. Su declaración para implicar a toda la cúpula del PP, trufada de contradicciones y lagunas, ha resultado de escasa utilidad para los investigadores.