La jueza de la F1 desoye a la Abogacía y fuerza la testifical de la mano derecha de Puig

Andreu Ferrer, mano derecha del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, deberá acudir mañana a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar como testigo ante la jueza del caso de la Fórmula 1.

La Abogacía no ha conseguido impedir esta comparecencia pese al extenso recurso que presentó para evitar la testifical de Ferrer, secretario autonómico de Presidencia y máximo responsable político de la Abogacía. De hecho, esta es la única parte que ejerce ya la acusación en el controvertido asunto del aval de la Generalitat a Valmor.

El PSPV, que se encontraba personado en la causa como acusación popular, anunció en su día a través de un portavoz oficial que se iba a sumar a la petición de archivo que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción -es la segunda ocasión que lo hace- para esta causa.

La declaración de Ferrer y de otra responsable de la Abogacía se pueden considerar pequeñas victorias de la representación legal del expresidente Camps, único imputado, después de años de investigación judicial por casi cualquier vértice de la organización y celebración de la Fórmula 1 en Valencia.

La cuestión de fondo de estas dos comparecencias -asunto diferente es el grado en el que trascenderá en el interrogatorio- es cuestionar la labor de los que supuestamente deciden que la acusación contra Camps debe continuar pese a que el ministerio fiscal no ve delito.

La Generalitat consideraba «irrelevante, impertinente e innecesaria» la comparecencia de Ferrer. En su escrito, recordaba que en una instrucción no se tiene por qué admitir todas las diligencias sino que hay que evaluarlas de acuerdo a los principios de pertinencia y relevancia.

La jueza, en realidad, no desacredita los argumentos de la Abogacía -ninguno de los altos cargos ahora citados estaba en un puesto de responsabilidad en el verano de 2011-, pero aún así, siendo una prueba solicitada por la defensa del único investigado, la acepta porque considera que los dos dirigentes «pueden aportar luz» sobre las supuestas consecuencias que tuvo para la Generalitat el famoso aval.

La causa se reabrió por mandato de la Audiencia que apuntó hacia dónde podía estar el quid de la cuestión, en una pericial acerca de las posibles consecuencias de esta garantía de acuerdo al derecho inglés que ampara los contratos de la F-1. Todas las otras supuestas irregularidades quedaron sin relevancia penal, según la resolución de la Sala.

La reapertura del sumario apenas permitió algunas diligencias -las acordadas ya previamente- porque el periodo de investigación estaba a punto de finalizar. Entre estas, figura una pericial de parte de Camps en la que un catedrático de la Politécnica niega que el aval tuviera consecuencias para la Administración porque su entrada en vigor dependía de que Valencia fuera el único Gran Premio en España. Otro informe, encargado por la Generalitat a Gómez Acebo y que ha costado 17.000 euros, sostiene lo contrario. La solución al conflicto estará en manos de la jueza a partir del miércoles.