La jueza de Erial embarga bienes de la herencia de Cotino

La muerte de Juan Cotino, expresidente de Les Corts y exconseller de Agricultura, terminó con su responsabilidad penal en las investigaciones judiciales, como los amaños en la visita del Papa a Valencia o su participación en el supuesto pago de comisiones al expresidente Eduardo Zaplana por la privatización de las ITV y la adjudicación de los parques eólicos. No obstante, la jueza y la Fiscalía Anticorrupción han iniciado un procedimiento para mantener el bloqueo de sus bienes pese a su fallecimiento, lo que acabará repercutiendo en los herederos del exdirigente popular.

La titular de Instrucción 8 de Valencia acordó estas medidas sobre el patrimonio en un auto de hace unas semanas, tras una petición del fiscal Anticorrupción que se encarga de las pesquisas, según informó ayer el propio responsable del ministerio público, Pablo Ponce, en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt. Se trata de un procedimiento poco frecuente que consiste en el decomiso de los bienes sin que exista una condena. A Cotino, que también fue director general de la Policía, se le bloquearon unos productos bancarios por valor de unos 160.000 euros y ahora se ha procedido a trabar varias fincas que se encuentran a nombre de una sociedad, Alquería Dolores SL, controlada en su día por el exdirigente del PP. Estas propiedades deberían pasar a sus herederos.

El sumario de Erial recoge que Cotino llevó personalmente más de 640.000 euros a Luxemburgo para la creación de dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas, según declaró la abogada Beatriz García Paesa. La sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos 'papeles de Laos' del caso Roldán) ha sido una de las piezas clave para desenmascarar el presunto entramado delictivo.

El fiscal pretende asegurar, de entrada, la recuperación de esa cantidad, pero no descarta que la cifra se amplíe a medida que avancen las investigaciones. El juzgado continúa rastreando un amplio patrimonio que la UCO atribuye a Eduardo Zaplana, aunque el expresidente siempre ha negado tener dinero o cuentas en el extranjero. La principal incriminación proviene del supuesto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que transfirió siete millones de euros de una cuenta desde Suiza. El financiero aseguró que durante años gestionaba sus fondos en diferentes inversiones, actividad por la que supuestamente cobraba un porcentaje. Zaplana rechaza esta versión. De hecho, ha pedido que comparezca en el juzgado.