La jueza procesa a Zaplana por cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones públicas

Solo un auto separa al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana de sentarse por primera vez en el banquillo, veinte años después de salir del Palau de la Generalitat. La jueza que investiga el supuesto cobro de comisiones de las adjudicaciones de los planes eólicos de la Generalitat y de las ITV, en los años en que el popular era presidente, ha dictado este jueves un auto por el que procesa no sólo al expresidente, sino también a 19 de sus colaboradores, además de a cinco mercantiles, todos ellos, en mayor o menor medida, actores o cooperadores necesarios para que las concesiones se llevaran a cabo a determinadas empresas que acababan gratificando a los adjudicadores con la entrega de millonarias comisiones que, en última instancia, se blanqueaban e ingresaban en cuentas en el extranjero. Deja fuera así a la mujer del expresidente, Rosa Barceló, y a su hija, María Zaplana, para quienes sobresee la causa.

Así, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia cree que «existen indicios de que existía una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado, a lo largo de varios años junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos». Unas cantidades que, según señala a magistrada, fueron posteriormente objeto de blanqueo y otros delitos.

En concreto, decide que el caso Erial llegue hasta sus últimas consecuencias para el expresidente Eduardo Zaplana, pero también para su círculo más estrecho de colaboradores, con los que había tejido un presunto entramado para repartirse hasta 10 millones de euros en comisiones, a cambio de favorecer adjudicaciones públicas. Entre todos, se reparten también la comisión o participación en hasta cinco delitos: organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. Y en esa lista negra están nombre tan conocidos en el círculo del expresidente y exministro como el de Joaquín Barceló. amigo íntimo y presunto testaferro; Juan Francisco García, su entonces jefe de gabinete; Francisco Grau, su asesor fiscal; o Mitsouko Enríquez, su secretaria de toda la vida. Junto a ellos, conocidos personajes de la escena empresarial valenciana como José y Vicente Cotino, además del ya fallecido exconseller Juan Cotino, o José Luis Olivas, también expresidente, y figura necesaria para las operaciones financieras por su entonces puesto como presidente de Bancaja.

La jueza da un papel principal a Zaplana, de quien dice que dirigió las operaciones, junto con un grupo cercano forjado con vínculos de amistad o de posición política. Y ayudándose de esta simbiosis, tejieron un plan para beneficiarse entre todos ellos con los planes eólicos de la Generalitat y la privatización de la ITV, en los años en que Zaplana fue presidente. Así, según se evidenciaba en los documentos que en su día se encontraron en un falso techo del que había sido domicilio del expresidente, y que dieron lugar a la investigación, tras una rocambolesca historia, en las instrucciones de los concursos públicos se recogía ya el importe de las comisiones que iban a tener que pagar los que iban a ser sus adjudicatarios, además del precio del servicio.

La forma planificada por Zaplana era quedar, ante todo, «oculto en la sombra de todo tipo de actividad con el fin de poder eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente si su nombre apareciera», según detalla la jueza en su auto de procedimiento abreviado, lo que hubiera alertado inmediatamente. Por ello, utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas, con el fin de conseguir su colaboración, y en comparación por las que él obtenía.

Por ejemplo, a su supuesto testaferro le hizo que figurase con su propio nombre en sociedades creadas tanto en España como en el extrajero, quedando al margen de responsabilidades «mientras recibía importantes beneficios económicos». O su administrador de las cuentas en el extranjero, Fernando Belhot, que se encargaba de la presunta gestión de los fondos ocultos, en una relación «basada en la confianza, sin ningún tipo de contrato entre las partes», y que se encargaba de aflorar cantidades que, después, en España, recibía en efectivo Mitsouko Henríquez, su secretaria. Ella recibió, según detalla la jueza, el 90% de las comisiones que les proporcionaba el cambista. En total, 2,3 millones en siete años.

El dinero detectado y obtenido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado en su totalidad ascendía, según el auto, a más de 15 millones de euros. Pero, las cantidades de las que se beneficiaban las empresas adjudicatarias eran ya sustanciosas (86 millones de beneficio en el caso del grupo SEDESA, propiedad de la familia Cotino) que pudieron permitirse el pago de altas comisiones. Por poner un ejemplo, la empresa proyectos eólicos SA, participada por algunos de los empresarios ahora procesados, se creó mediante acciones por un importe de 120.000 euros. En apenas seis años, fueron compradas por 48 millones de euros.

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