El juez abre juicio a Grau y Fuster por la financiación ilegal del PP de Valencia

Los principales acusados son el exvicealcalde Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia. Fuster está representada por el letrado José María Corbin, investigado en otra de las piezas de Azud, como supuesto comisionista del Ayuntamiento.

También se sentarán en el banquillo el que fuera máximo responsable de Valencia Convention Boreau, José Salinas y el concejal Juan Eduardo Santón. Ambos están acusados de aportar fondos para las campañas electorales de los populares a través de las fundaciones satélites del Ayuntamiento de Valencia.

El auto de apertura de juicio es el último paso de la instrucción. No es una resolución que contenga novedades relevantes para el procedimiento más allá de las fianzas civiles que se exigen a los investigados. El dinero con el que hacer frente a una eventual condena por estos hechos. En el caso de Grau, esta cantidad asciende a dos millones de euros.

De nuevo el juzgado ha evidenciado su particular gestión del tiempo. El archivo definitivo del pitufeo se produjo en abril del 22. Más de seis meses para una resolución que no reviste complicación.

El juez en su auto de procesamiento, fechado hace más de dos años, recuerda como desde diferentes organismos públicos -especialmente desde Turismo Valencia- se nutre de fondos a la empresa Laterne, organizadora de la campaña de 2007. Se cree que los trabajos eran inexistentes o su importe estaba hinchado. Sostenía entonces el instructor que sólo en esos comicios el equipo de Barberá gastó más de un millón de euros y "posiblemente" dos.

La firma organizadora era de un amigo de Grau, Vicente Sáez. Esa empresa recibió, además, generosas facturaciones por parte de los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. El magistrado mantiene sus sospechas ante la realidad de esos servicios. Además, en ese periodo, Grau entregó 350.000 euros en billetes de 500 a su mano derecha para que abonara los actos electorales. Numerosas empresas se quejaban de que no habían cobrado.

Los investigadores descubrieron que en aquellas elecciones y las posteriores -canalizadas a través de la empresa Trasgos- se sobrepasó con creces el presupuesto oficial de los actos y que el PP llevaba una especie de contabilidad paralela para pagar estas campañas. La puntilla se la terminó dando Jesús Gordillo, mano derecha del exvicealcalde durante años y luego colaborador de Anticorrupción. Un día, en una limpieza de su vivienda, encontró unos papeles de las elecciones de 2007. Y denunció que Grau le dio 350.000 euros para pagar actos electorales.