A Marcos Benavent le pone ser protagonista. Lo fue durante su etapa en la política como recaudador del Partido Popular, gerente de Imelsa dedicado a saquear la empresa y, además, todavía tuvo tiempo para grabar en secreto a amigos y colaboradores durante diez años ... como un comodín con el que protegerse cuando absolutamente todo se complicara. Y la realidad es que se complicó. En la fase judicial tampoco ha buscado resguardarse. Primero se bautizó como el «yonki del dinero» y expresó un aparente arrepentimiento de su etapa más corrupta. Admitió que aquello, la empresa Imelsa y por extensión la Diputación eran una jungla de la corrupción. Más tarde ha renegado de su confesión. Ahora ha denunciado que fue presionado y que acusó por acusar en una huida hacia ninguna parte. Con la amenaza de ocho años de cárcel en esta primera pieza de Imelsa, Benavent ha tomado la palabra.
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«Al fiscal no le voy a responder», ha adelantado al tribunal este martes. La decisión ha evitado uno de los interrogatorios más esperados del año judicial. Anticorrupción ha solicitado, no obstante, introducir sus declaraciones previas, aquellas en las que su principal cometido era colaborar y en las que aseguró que nunca se se sintió amenazado o coaccionado.
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Benavent ha entrado rápido en materia, con el interrogatorio del letrado de García Barat, dueño de Thematica y empresario amigo del exgerente. «No era socio en la constitución de la empresa, se me dio un porcentaje de un 20%», quiso aclarar. Desmintió también algunas referencias a su amigo en los audios. «No sé por qué dije eso». Para completar su testimonio defendió a Juan José Medina, exvicepresidente de la Diputación. «No le conozco de nada. Imelsa no pagó ninguna factura de gastos electorales», proclamó en un tono, en ocasiones, altivo. De igual modo, sostuvo la legalidad y corrección del evento organizado para el MuVim, un espectáculo que cobró la empresa de Benavent pero que, en realidad, la mayoría se subcontrató y se infló el precio.
Faltaba, no obstante, la teoría del montaje, de la conspiración. «Quiero pedir perdón a la gente a la que he hecho daño. Fueron circunstancias especiales, manipuladas por mí en connivencia con mi defensa y con la colaboración de la Fiscalía... Se me prometieron rebajas de pena». En esta misma línea, el exgerente recordó una citación en un juzgado de la Ciudad de la Justicia. Minutos antes de entrar, se le cita por parte de la Fiscalía. «Y me dicen que están en una investigación muy profunda y que está bajo secreto, que si colaboro no ingresaré en prisión». Ante ese supuesto ofrecimiento, aseguró que aceptó de inmediato. «Se hace un guion de toda la colaboración. Era contestar a todo que sí. Hay que perjudicar a la mayor gente posible, personas, partidos políticos... Cuanto más grande sea esto, mejor para todos», ha afirmado que le trasladaron. Llegaba al cuartel de la Guardia Civil y, según él, ya había un esquema predeterminado. «Yo sólo quería acabar pronto y volver a casa». Ha puesto como ejemplo de estas extrañas situaciones, «de estas presiones de todo tipo», el día que detuvieron a Eduardo Zaplana. «No estaba en condiciones de declarar. No había dormido en toda la noche, que había estado con unos amigos«. También ha comentado la alteración de los audios, esas conversaciones que captó con una grabadora durante una década : »Sí, las manipulé yo. Ya lo dije«.
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El exgerente, tras hora y media de declaración, fue interrogado por su propia defensa. Abordó de nuevo el documento por el cual se constituye la citada empresa Thematica e insistió en que no lo reconoce. También comentó la vieja amistad con su testaferro José Estarlich. «Contraté a su mujer porque la iban a despedir, pero me pidió un favor». Sin embargo, ha negado manejar la sociedad Berceo, desde donde se saqueó Imelsa. «Eso lo llevaba todo él». Ha asegurado que llegó a un pacto con Estarlich para que este se quedara la firma. «El apartamento en Xàbia -el segundo- lo compra él. Era un capricho suyo y de su mujer». Respecto a la primera vivienda, adquirida con anterioridad, aclaró que se sufragó con el dinero que tenía de su familia y la devolución de una deuda.
La defensa ha tratado el siempre polémico asunto de las grabaciones a los dirigentes del PP y cómo estas llegan finalmente a la Guardia Civil. «Aquello lo hice como seguro de vida. Las tenía en el chalé de mi suegro. Eran varios USB, correos, fotografías... Le dije: 'Por si nos pasa algo a mi o a tu hija'. Cuando me divorcié se las pedí, pero no me las devolvió».
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El exgerente ha explicado que grababa con un Nokia y un aparato de cinta. «Luego yo dejaba lo que me interesaba. A veces, era yo el que provocaba que se hablara de determinados asuntos». Benavent ha rechazado que, en algún momento, diera autorización a su suegro para entregar esos audios. Fue lo que hizo finalmente al llevarlas a la Fiscalía Anticorrupción y a la diputada de Esquerra Unida y hoy consellera de Transparencia, Rosa Pérez.
José Antonio Toledo es uno de los empresarios que participó en el espectáculo del MuVim. «No sabía lo que era Imelsa. Siempre hablaba con Barat». Pasado un tiempo, el socio de Benavent le comenta que debe facturar a Imelsa, la explicación que dio es que Thematica no podía facturar directamente a Imelsa. Tampoco le sorprendió mucho aquella práctica porque no resulta infrecuente en este tipo de operaciones comerciales. Toledo se ha comprometido a devolver el dinero. De hecho, lo está haciendo gracias a la herencia de sus padres y la ayuda de sus hermanos. «Esto me ha venido en el peor momento posible».
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El exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, resulta, sin duda, el procesado con mayor pedigrí político de la causa. Se le acusa de que Imelsa cargó con gastos electorales del PP en el municipio de Moncada. Medina ha relatado el calvario que le ha supuesto toda esta investigación y, por ejemplo, cómo ha tenido que abandonar su municipio al no poder hacer frente a la hipoteca de su vivienda.
En 2007, Medina era el coordinador de la campaña electoral de la provincia del PP. «Los partidos presentan presupuestos cerrados de campaña. Pero muchísimas cuestiones se quedan al margen y son asumidas por la candidatura o el grupo municipal». Esto se hacía de esta forma en todos los ayuntamientos independientemente del color político, explicó el dirigente popular. «Nunca ha existido una caja B en el PP», ha proclamado para descartar pagos en negro de los populares. Y estas indicaciones, la de que los ediles corrieran con esos gastos procedían de Génova, el cuartel general de los populares, según indicó.
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El exvicepresidente de la Diputación insistió en que los ediles de Moncada fueron los que pagaron estas facturas. Algunas se abonaron en efectivo, ha recordado el exalcalde por su parte u otros ediles. «Nunca he discutido con Barat porque no quisiera asumir el pago de los servicios». Medina ha abordado el encargo para Thematica sobre la campaña en los autobuses en Valencia del candidato Esteban González Pons en los comicios generales de 2008. «La empresa nos diseñó el flyer para los autobuses. Al final lo pagó el grupo popular de la Diputación, que tienen ayudas en este tipo». Esto tampoco lo declaró al Tribunal de Cuentas, le espetó el fiscal. «Yo no tengo la obligación, eso corresponde a los gerentes del partido».
Fuera de la sala, en declaraciones a los medios de comunicación, Medina ha manifestado su sorpresa ante las dudas que a su juicio genera la cadena de custodia en esta investigación. «El fiscal debería aclarar cuántos pendrives hay porque yo sé que hay muchos y el suegro los iba regalando por ahí, incluso a periodistas». De hecho, añadió que tiene una prueba de una memoria que no está aportada a la causa. No quiso desvelar más detalles.
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