Las dos versiones del yonki del dinero, por primera vez ante un tribunal

El juicio comenzará el próximo día 2 de mayo. Por primera vez, un tribunal deberá validar el relato de Marcos Benavent. El exgerente de Imelsa ha mutado de ser el más leal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción al principal baluarte de la teoría del montaje, un escenario que beneficia a otros dirigentes políticos salpicados en casos de corrupción como Eduardo Zaplana y Alfonso Rus.

Este inesperado cambio de guión no se explica sin la sustitución de su letrado Ramiro Blasco por el conocido penalista Juan Carlos Navarro. La incertidumbre que generó este movimiento no tardó en confirmarse con su primera comparecencia judicial. Desveló que manipuló los ya famosos audios, que se sintió presionado por la UCO, que el registro del despacho de su letrado fue ilegal y le produjo indefensión y que, en definitiva, acusó por acusar para salir adelante.

Su letrado, un especialista en nulidades, sin duda, planteará algunas cuestiones al respecto en la vista. Será la primera ocasión en la que un tribunal debe certificar que el inicio de las pesquisas reunía todos los requisitos legales. De hecho, este primer pronunciamiento de la Audiencia será determinante en otros juicios de la causa porque ya se darán algunos hechos probados y resolverán aspectos controvertidos hasta la fecha.

No se descarta una sorpresa de última hora. Más bien todo lo contrario: se espera. Marcos Benavent, en su entrevista en El Mundo, habló de una cita con el sirio -el hombre que supuestamente encontró documentación incriminatoria de Zaplana- y la conversación que mantuvo con él y con la Fiscalía. «Eso sólo lo diré ante un juez», adelantó. La expectación es máxima ante el proceso que arranca el próximo lunes.

La causa pivota alrededor de Thematica, la firma controlada en la sombra por Marcos Benavent. La empresa supuestamente corrió con gastos de actos electorales del PP -será responsable civil subsidiario- de Moncada, el municipio del exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina y de la campaña de Vicente Betoret en Vilamarxant. La responsabilidad de este último está prescrita, pero a Medina le piden cinco años de cárcel. Además, en esta misma pieza se investiga el desvío de fondos de un evento del MuVim. El exgerente de Imelsa logró apropiarse para su beneficio unos 136.000 euros de un espectáculo que montó para el MuVim, el museo que gestiona la Diputación de Valencia. Este movimiento de dinero, en parte, le permitió la compra de un apartamento en Xàbia.

Por último, los investigadores aclararon el trato de favor que recibió Thematica del Ayuntamiento de Valencia gracias, en parte, a la exconcejal de Cultura, María José Alcón. La edil, pareja del vicealcalde Alfonso Grau, se suicidó durante la instrucción de esta causa.

La derivada del Consistorio no deja de resultar sorprendente. Benavent y su socio, García Barat, recibieron 178.000 euros en dos años por el conocido como Bibliobus, una biblioteca itinerante para las playas de Valencia. Todo esto ocurrió en la última legislatura de Barberá.

El Ayuntamiento de Ribó ha estado personado en la causa. Sin embargo, en el último momento ha decidido retirarse y no estará en el juicio. Una circunstancia que no termina de encajar en su discurso de lucha contra la corrupción. Una alta funcionaria del Consistorio figura entre los acusados por esta causa.