La hora de Alfonso Grau

El exdirigente popular mantiene a día de hoy tres frentes judiciales abiertos de inciertas consecuencias para él y, posiblemente, su familia. La primera cita será el próximo 18 de mayo. Ese día, el Tribunal Supremo tiene previsto revisar la condena a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo. Se trata del fallo de la operación Clepsidra. Grau fue condenado por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento y posteriormente cambiarlos por otros de mayor importe. La diferencia la abonaba en efectivo. Las piezas que le regaló el empresario de Transvia, también condenado, superaban los 10.000 euros. No se pretendía con este obsequio obtener un trato de favor en ninguna adjudicación del Ayuntamiento, en realidad, nunca se investigó eso. Los regalos fueron hechos únicamente en virtud de su cargo, una conducta que también resulta delictiva.

Desde el entorno de los dos acusados consideran que existen posibilidades de un pronunciamiento favorable del alto tribunal y recuerdan la importancia de que hayan admitido el recurso. La sentencia condenatoria fue ratificada en su día por el TSJ de la Comunitat.

La firmeza de la sentencia le situaría de nuevo ante la posibilidad de regresar a Picassent, en este caso, ya para cumplir condena. Esta semana, además, está previsto que se conozca parte de la operativa del caso Azud donde los investigadores colocan a Grau como uno de los cabecillas de la trama de cobro de comisiones. La UCO habría reunido indicios suficientes de que el exdirigente popular recibió importantes comisiones por apoyar desde el Consistorio los proyectos urbanísticos de Jaime Febrer, el principal empresario implicado en esta red. Esta instrucción, no obstante, todavía tardará años en finalizar.

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El exvicealcalde tiene otro asunto abierto, en parte relacionado con el anterior expediente judicial. Las pesquisas por la financiación ilegal del PP en las elecciones de 2007 y 2011 se han cerrado de forma satisfactoria para las acusaciones. La Audiencia ha validado los indicios delictivos de que existía una caja B de los populares que se nutría de contratistas del Ayuntamiento y del desvío de dinero desde fundaciones municipales.