Los juicios a Grau y Zaplana rememoran el peor recuerdo de la corrupción del PP

El 23 de enero es el día marcado en el calendario por los populares. La Audiencia acoge el juicio por la financiación ilegal del PP de la ciudad en los comicios de 2007 y 2011. El proceso llega algo descafeinado, cierto. El archivo de la conocida como causa del pitufeo -el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno del Grupo Municipal para pagar la campaña de las elecciones de 2015- ha dejado el juicio sin uno de sus principales activos.

La Audiencia archivó la investigación por la falta de indicios de que el dinero procediera de un actividad delictiva -supuestamente el cobro de comisiones por adjudicaciones-. Meses más tarde, el Tribunal Supremo avaló esa interpretación de la endeblez de los indicios. El caso consistía en que se obligó a aportar 1000 euros a simpatizantes y asesores y a cambio se les devolvían en dos billetes de 500, guardados hasta entonces en la supuesta caja B de los populares.

Sin embargo, queda otro periodo, el de 2007 y 2011, donde el tribunal analizará la limpieza de esas cuentas o si el PP de Valencia, en cambio, disponía de una contabilidad oculta que le permitía concurrir a las elecciones con una importante cantidad de dinero al margen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Dos personas emergen como capitales en este supuesto organigrama. Por un lado, Mari Carmen García Fuster, la secretaria del grupo, mano derecha de Barberá durante toda su carrera. Por otro, el exvicealcalde Alfonso Grau, uno de los políticos de su más estrecha confianza, hasta el estallido del caso Nóos donde el líder municipal se vio solo ante un juicio, por el caso de los congresos de Iñaki Urdangarin, eventos de los que siempre responsabilizó a su superiora. Pero, hasta ese momento, uno de sus más fieles colaboradores.

La sospecha es que las cuentas del PP recibían jugosas aportaciones de personas sin identificar, se utilizaba un genérico para esos apuntes CyA, que posteriormente se usaban en pagos de campaña. Ese dinero lo canalizaba supuestamente Alfonso Grau. El pago de los actos se organizaba a través de la agencia Trasgos que sospechosamente también recibía facturación de los principales adjudicatarios del Ayuntamiento de Valencia, una operativa que se repitió si cabe con mayor intensidad en el periodo anterior, el de 2007. En aquel entonces, la agencia fue Laterne, una sociedad de un amigo de Grau y con la que también se vinculó en su momento a José María Corbin, cuñado de la alcaldesa y hoy pieza principal del caso Azud. Todo un entramado que cuesta comprender sin su contexto, pero que encaja con el resto de piezas.

Además, ambas agencia contaban también con facturación procedente de empresas públicas dependientes en cierta forma del Ayuntamiento de Valencia. Por ejemplo, el polémico Centro de Estrategias y Desarrollo que contrata a una empresa de Trasgos para la elaboración de una web. Idéntica operativa que la descubierta durante la campaña de 2007. Turismo Valencia es otra de los focos de generación de caja para las citadas campañas. De hecho, José Salinas, exdirector del organismo, será uno de los que se siente en el banquillo de los acusados.

Si el final de mes se prevé de alto voltaje, el comienzo de febrero trae otro de los platos fuertes judiciales del año, el caso Erial. El juicio a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat, por la fortuna oculta en el extranjero procedente del presunto cobro de comisiones. El exministro de Trabajo siempre ha negado las acusaciones. «Nunca he tenido dinero en el extranjero», se ha hartado de decir desde que estalló el escándalo.

La investigación le llevó a pasar cerca de nueve meses en prisión provisional en lo que siempre defendió que era un ensañamiento personal en sus circunstancias, un delicado estado de salud a consecuencia de la leucemia que padeció. Pero la UCO sostiene que acumuló una importante cantidad de dinero -al menos más de diez millones- en el exterior y que gestionó a través de testaferros, todos con acuerdos verbales.

Para el retorno del capital, procedente de mordidas en la adjudicación de los Parques Eólicos y de la privatización de las ITV, utilizó una serie de colaboradores, amigos de la infancia y de la política, con el objetivo de camuflar los fondos.

Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación de Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan. La acusación incluye también a su amigo y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García, otro de los supuestos beneficiados de la trama de comisiones. Estos junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de colaboradores.

El juicio supondrá un cierre de etapa de uno de los episodios más delicados de la historia reciente de la Comunitat. Un lapso que arranca desde 2007 y ocupa cerca de ocho años. El Botánico utilizó con fruición el concepto de hipoteca reputacional como argumento político para llegar al Consell.

La promesa era la de la transparencia frente a la corrupción de los populares. El paso del tiempo ha demostrado que si bien es cierto que hubo corrupción (Emarsa, Cooperación y Gürtel como máximos exponentes), también se utilizó la Comunitat como foco para distraer la atención de otros territorios donde el fenómeno golpeaba con la misma intensidad, como Madrid y Andalucía.