La Comunitat hará pruebas de edad a 300 migrantes trasladados de Canarias

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, reclamó ayer más información «real», transparencia y compromiso al Gobierno central con las comunidades autónomas para abordar lo que ha considerado una «crisis migratoria» y, especialmente, para dar respuesta a la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están llegando al país.

La dirigente realizó estas manifestaciones durante la celebración de la X Conferencia Sectorial de la Inmigración donde advirtió que lo más preocupante es que durante las últimas semanas «han llegado a la Comunitat Valenciana niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados procedentes de Canarias con documentación de adultos». Algunas cifras respaldan la posición del Consell respecto al descontrol en este tipo de traslados.

Así, un total de 26 chicos, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, han sido acreditados como personas menores tras la petición de la Policía a la Fiscalía. «Pero sabemos que se está revisando la edad de muchos más, en concreto, se están aplicando los protocolos de identificación a 300 personas migrantes y se sospecha que una parte importante de ellas podrían ser menores de edad», añadió.

Se trata de menores – continuó– que han sido reconocidos como tal tras realizarles las pruebas correspondientes y que, por tanto, han quedado bajo la protección de la Generalitat. La vicepresidenta segunda ha recordado que su departamento ha tenido que tomar medidas para poder atender esta situación, estableciendo un contrato de emergencia por seis meses con un presupuesto de 1,5 millones de euros para una ampliación de 40 plazas de acogida de infancia y adolescencia. Camarero indicó que, a pesar de este esfuerzo presupuestario, desde el Consell «se desconoce el presupuesto» que se va a requerir puesto que no saben «el número real de personas menores que están siendo trasladadas a la Comunitat».

Por estos motivos, Susana Camarero ha pedido al Gobierno central que explique cuestiones como de qué manera se está atendiendo a los niños, niñas y adolescentes migrantes que han llegado a Canarias, cómo se va a realizar el reparto de estos y estas menores, cómo se va a garantizar su seguridad o cómo van a compensar desde el Gobierno central a las comunidades autónomas los gastos de mantenimiento de la atención que requieren estos chicos y chicas.

Una de las posibilidades que reclaman es que las pruebas de edad se practiquen ya en el origen, lo que agilizaría ya los trámites. Por último, solicitó que se celebren reuniones periódicas de la Comisión con las direcciones generales para coordinar adecuadamente estas cuestiones y ha instado a la creación de un grupo de trabajo para modificar el protocolo de personas menores migrantes no acompañadas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería para el primer semestre de 2024 con el objetivo de reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes.

También contemplará la trasposición de las dos normativas europeas. Esto es la conocida como 'Directiva de Permiso único', que permitirá agilizar el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia. Y, por otro lado, la denominada 'directiva de residencia de larga duración', que mejora los derechos de los residentes en todo tipo de servicios públicos.