El Jurídic afea que Justicia no aporte sus propios informes en la ley de función pública

El pleno del Consell aprobará este viernes el primer paso del desarrollo de la nueva ley de función pública, con la creación de una comisión intersectorial de empleo público de la Generalitat, que supondrá el primer avance en la norma estrella de la Conselleria de Justicia, de quien dependen las competencias. Sin embargo, hasta llegar al viernes, el proyecto de decreto que regulará la organización y funcionamiento de ese nuevo órgano se ha topado con hasta cuatro observaciones esenciales del Consell Jurídic Consultiu por incumplir aspectos fundamentales en su redacción.

En concreto, el órgano consultivo de la Generalitat ha afeado a la conselleria el haber omitido los informes de presupuestos y de función pública entre la documentación necesaria para pasar el filtro jurídico. Y entre los documentos que no han sido aportados por el departamento está un informe que debe incluir la propia Conselleria de Justicia, a través de la dirección general del ramo. «Mayor trascendencia reviste, tratándose de un proyecto de disposición reglamentaria de índole organizativo, la omisión de los informes preceptivos de las consellerias competentes en materia de Hacienda y de función pública», recuerda el Jurídic. Si bien reconoce que la ausencia del de presupuestos queda paliada si la puesta en marcha de la comisión no comporta ningún incremento presupuestario de gasto público. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el preceptivo informe de Justicia, que sí es obligado en este caso.

No es este el único reparo que pone el órgano consultivo. También alerta de deficiencias en el procedimiento de elaboración del decreto, que careció de trámite de consulta pública previa y tampoco incluyó informe de alegaciones de las consellerias.

Otro de los puntos a los que ha puesto reparos es a la composición y régimen de funcionamiento del órgano. En concreto, el Jurídic cuestiona que la citada comisión vaya a constituirse sin que se garanticen mecanismos que permitan favorecer el cumplimiento del principio de igualdad. La forma elegida para su composición (destinando a los responsables de determinados cargos). «Por una parte, porque no se tiene en cuenta que la presencia equilibrada de mujeres y hombres debe producirse respecto del órgano colegiado en su integridad, no respecto de una parte de sus miembros», dice el dictamen. «La regulación propuesta no garantiza la imposibilidad de que todas las personas titulares pertenezcan a un mismo sexo y que todas ellas asistan, justamente en su calidad de titulares, a las sesiones correspondientes», dice el Jurídic. «Habrá que determinar cuándo elegir a un hombre y cuándo a una mujer, mediante un sistema de rotación reglada o, en última instancia, un sistema aleatorio», recomienda el órgano consultivo, que fija en este punto una nueva observación esencial.

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