Juristes Valencians exige que se aproveche la reforma parcial de la Constitución pactada por PSOE y PP para recuperar el derecho civil valenciano

El colectivo jurídico considera necesario que se aprueben en el inicio de la legislatura dos modificaciones constitucionales limitadas «exclusivamente» a la eliminación del término 'disminuido' del artículo 49 y la planteada por Les Corts hace casi cuatro años para la recuperación efectiva del derecho civil valenciano, reivindicación que cuenta con gran apoyo social, municipal y político, que consta en el Estatuto de Autonomía y a la que reiteradamente con motivo de la pasada campaña electoral del 23 de julio, han dado su conformidad líderes tan destacados del PP y del PSOE como Diana Morant, Ximo Puig, Carlos Mazón, María José Catalá o Esteban González Pons.

«Es el momento de actualizar la Constitución en las materias sobre las que existen grandes consensos sociales, como estas cuestiones que afectan a cinco millones de personas con discapacidades diversas y a cinco millones de valencianos, hartos de tantas discriminaciones, incluso en cuestiones sin coste económico como la recuperación del derecho civil valenciano, que además está prevista en el Estatuto», destaca el presidente del colectivo, José-Ramón Chirivella. Este colectivo de juristas exige que se restituya a los valencianos una capacidad legislativa útil y asociada de forma inseparable al autogobierno y a la historia de los valencianos, con utilidad en materia de discapacidad, derecho de familia, pervivencia de la empresa familiar o en el ámbito sucesorio.

Chirivella ha instado a que se dé un paso adelante para la recuperación del derecho civil valenciano y se haga ya porque, según precisa el presidente de Juristes Valencians, en el acuerdo alcanzado por Sánchez y Feijóo esta mañana se ha agendado una reunión para la semana que viene en la que los equipos de ambos líderes completarán la propuesta de modificación parcial de la Constitución. «Ya que va a haber tanta prisa, tienen que acordarse del derecho civil valenciano», ha subrayado. «Llevamos mucho tiempo esperando y, además, hay unanimidad». Como ejemplo, Chirivella ha señalado que la reivindicación de recuperar el derecho civil valenciano es apoyada por 541 municipios de la Comunitat. No sólo eso. El apoyo a la iniciativa llega también de decenas de colectivos y asociaciones como las Facultades de Derecho y de Historia, sindicatos, autónomos, colegios profesionales como los de abogados y registradores, Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Comunitat, Asociación Valenciana de Empresarios ( AVE), Interagrupació Falles de Valéncia o Federación de Sociedades Musicales de la CV (FSMCV).

Juristes Valencians solicita que conjuntamente el PSOE y el PP planteen esta reforma en el Congreso, tal y como han hecho en Les Corts. Por otra parte, Chirivella recuerda que por parte de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) no existe inconveniente a que se tramite de forma conjunta la recuperación del derecho civil valenciano, junto con la reforma del artículo 49, tal y como indicó por carta el pasado año 2022 su presidente Luis Cayo al entones presidente de Les Corts, Enric Morera, recuerdan desde el colectivo de juristas.

El 5 de febrero de 2020 el Pleno de Les Corts aprobó una proposición de ley sobre la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española que motivó las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016 que dejaron sin efecto las leyes que había desarrollado el Consell y que legislaban en materia civil, como eran la Ley del Régimen Económico Matrimonial valenciano, la Ley de Uniones de Hecho, la de Relaciones Familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, entre otras.

El ejercicio de la capacidad legislativa autonómica posibilitó que durante ocho años los valencianos dispusieran de leyes valencianas modernas de familia como la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y la Ley 5/2012, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana, pero todas ellas fueron anuladas por las sentencias número 82/2016, número 110/2016 y número 192/2016 del Tribunal Constitucional, con lo que quedó vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia civil de los valencianos.

Las legislaciones valencianas que se pudieron en marcha a partir de 2008 posibilitaron, entre otras cosas, que todos los matrimonios celebrados entre 2008 y 2016 lo hicieran en régimen de separación de bienes de manera automática, algo que benefició a 300.000 valencianos, según ha recordado Chirivella.