Juristes Valencians reclama apoyo a los partidos en el Congreso para recuperar el Derecho Civil

La Associació Juristes Valencians se ha dirigido a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados para solicitar la tramitación urgente de las reformas constitucionales planteadas en el debate del estado de la nación para proceder a la recuperación del Derecho Civil Valenciano y la del artículo 49, y para dar nueva regulación constitucional de la discapacidad. Juristes Valencians recuerda que el PSOE, Unidas Podemos y Más País-Compromís, y otras fuerzas parlamentarias apoyaron esa tramitación conjunta y recuerda que estas reformas sociales afectan a 5 millones de personas con discapacidades y a los 5 millones de valencianas y valencianos.

José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, exige que en el periodo de sesiones que se inicia en septiembre en el Congreso se agilice la adaptación de la Constitución y que grupos parlamentarios como ERC, Ciudadanos, PNV u otros no planteen cuestiones inasumibles por el PSOE y el PP que distorsionen o aplacen estas dos mínimas reformas sociales que pueden contar con los votos correspondientes a las 3/5 partes del Congreso que requiere el artículo 167 para reformar la Constitución.

Por otra parte, Juristes Valencians agradece al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el reconocimiento del consenso social que existe entre los valencianos para la recuperación del Derecho Civil Valenciano, y el apoyo expreso del nuevo presidente popular para que los valencianos vuelvan a disponer de leyes civiles.

No obstante, rechazan que el expresidente de la Xunta considere que deben explorarse mecanismos alternativos a la reforma constitucional para proceder a su recuperación efectiva ante la voluntad inequívoca de Les Corts de promover una modificación constitucional menor para recuperar un autogobierno recortado desde hace 6 años.

José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians le solicita al presidente Feijóo una reunión al objeto de explicarle que no existe vía alternativa «segura» a la reforma constitucional planteada por les Corts, 541 municipios y una gran parte de la sociedad civil valenciana.

Además, Chirivella considera que resulta un error inexplicable que el presidente del PP quiera realizar una reforma constitucional para modificar el artículo 49 para corregir una terminología hiriente (disminuidos) al referirse a las personas con discapacidad, y que por economía procesal no se aproveche ese esfuerzo para tramitar conjuntamente una reforma técnica de la Constitución, también de carácter social, para posibilitar la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano y normas en materia de derecho de familia o de protección de las personas con discapacidad o normas sucesorias modernas, como tienen otras 6 Comunidades Autónomas.

El presidente de Juristes agradece el respaldo de Luis Cayo, presidente de CERMI, el comité de representantes de las personas con discapacidades, que ha apoyado la tramitación conjunta de ambas reformas que «representan un bien incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundización de nuestra democracia».

Juristes Valencians recuerdan a Núñez Feijóo que el Estatuto de 2006, aprobado por Congreso y Senado, consagra el Derecho Foral como eje del autogobierno valenciano, que las leyes valencianas estuvieron vigentes entre 2008 y 2016 y todavía benefician a 300.000 valencianos, y ponen en valor que la sociedad valenciana lo reclama con insistencia.

Fuentes de Juristes indican que «Difícilmente el PP puede decir que defiende los intereses valencianos si abre la Constitución para reformar el artículo 49, y olvida lo que solicitan los militantes, concejales y dirigentes del Partido Popular valenciano, claramente alineados con la reforma constitucional para no ceder autogobierno».

«Reclamamos a Núñez Feijóo que defienda la España de todas las Autonomías - y por tanto el Derecho Foral Valenciano- con el mismo ahínco con el que ha defendido el Derecho Civil Gallego, planteando incluso recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía legislativa gallega, por ejemplo, en materia de pactos sucesorios o «herencias en vida», concluye Chirivella.

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