Justicia fulmina a la cúpula de la empresa de Emergencias y la consellera asume todo el control

Núñez ha desvelado este jueves en el pleno de Les Corts que en el transcurso de aquella reunión hizo público la destitución de los tres cargos afectados. Y lo ha justificado con un retrato de la situación de la empresa que, según ha señalado, «daría para escribir un libro de terror». De hecho, el guión de esa película está escrito en el informe de auditoría operativa y de cumplimiento elaborado por la Intervención General de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 2022, y del que este diario ya informó en su día.

En su intervención, la consellera ha puesto en valor la labor que realizan los bomberos de la SGISE, «un grupo de profesionales que lo ha pasado verdaderamente mal, que se han sentido abandonados».

Y sin embargo, ha lamentado lo que se ha encontrado en el mencionado informe. Un documento en el que se señala, entre otras cosas, que la empresa contrató a 190 personas de forma temporal «pese a que Hacienda solo autorizaba un máximo de 80», y que reconoce reclamaciones por irregularidades cometidas por la empresa en la selección de jefes de dotación «y que van a suponer que el martes 10 de octubre se tenga que celebrar un tribunal de arbitraje laboral».

La consellera Núñez ha desvelado que ese informe constata el gasto de 7 millones de euros de inversión en ordenadores y TICs, «cuando hay unidades en las que los bomberos se llevaban sus propios sofás, sus microondas, sus frigoríficos y sus televisiones, y cuando la flota de autobombas se caer a pedazos».

Además, la Intervención subrayaba el gasto de un millón de euros en preparados físicos, «cuando los profesionales de la propia empresa podrían desempeñar esta labor a coste cero». Núñez ha recordado que el alquiler de la sede de la SGISE de Paterna, en la que trabajan 60 personas, cuesta 11.000 euros al mes, «pero en Alicante se paga una cantidad similar para sólo 10 personas».

La consellera ha completado su relato con una situación, la que se ha vivido en la SGISE, con «bajas médicas por depresión y ansiedad por doquier, alertas por uso abusivo de la contratación directa y la contratación menos en favor de determinadas empresas, retribuciones indebidamente percibidas por cargos directivos, así como gastos por kilometrajes también abonados y nunca devueltos» a cargos directivos».

Núñez ha señalado que «todo esto» determinó la destitución el pasado lunes de los tres cargos mencionados de la sociedad. «Es compromiso de esta consellera implicarse a fondo para que algunas de las ramas de nuestras emergencias dejen de ser el patio de monipodio de la Comunitat Valenciana», ha proclamado.

La consellera ha esperado hasta ahora para adoptar esta decisión, pese a que el contenido del informe era conocido desde hace meses. En su intervención, más allá de estas críticas recogidas en el informe de la Intervención de la Generalitat, no se ha pronunciado respecto a qué pretende hacer con la sociedad que cuenta con casi un millar de trabajadores, en su mayoría bomberos forestales, ni si hará nuevos nombramientos.