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Redacción
Jueves, 26 de octubre 2023, 13:16
La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha comunicado este jueves a los representantes de los trabajadores de la Sociedad de Gestión Integral de Respuesta a las Emergencias (SGISE) que el Gobierno valenciano no renovará los contratos de las unidades de refuerzo del servicio de bomberos forestales, que finalizan el próximo martes 31 de octubre. Núñez, además, ha anunciado que ha trasladado a la Abogacía de la Generalitat las irregularidades detectadas en esta Sociedad por si son susceptibles de que se ejerza alguna acción legal.
Núñez ha comparecido este jueves en Les Corts y ha explicado que a primera hora de la mañana se había reunido con los representantes de los trabajadores para comunicarles esa decisión, que afecta a unos 300 bomberos, y que les impide prorrogar su contrato hasta el 31 de diciembre.
«Les he comunicado que no es posible autorizar lo que llevamos meses intentando solucionar, la ampliación del periodo de los contratos de refuerzo, ya que por culpa de una mala gestión del Botànic, no hay presupuestos suficiente para la ampliación de esos contratos», ha señalado.
Núñez ha revelado que el anterior Gobierno presidido por Ximo Puig nunca pidió autorización a la conselleria de Hacienda para hacer esas ampliaciones de esos contratos. «Al analizar los datos de ejecución de la masa salarial para hacer esta solicitud, nos hemos echado las manos a la cabeza», ha señalado.
La consellera de Justicia, desde la tribuna de Les Corts ha revelado que su Gobierno ha detectado en la SGISE que «había trabajadores que no tenían asignado número en la RPT de la mercantil, y había un número, el 1.000, al que se le asignaban contrataciones y promociones de personal sin número».
Núñez ha hablado de un sobrecoste de 200.000 euros, de «puestos vacíos que en realidad estaban ocupados», y ha lamentado que después de mas de cinco años, la SGISE «no tiene plan estratégico en materia de recursos humanos. Millones ficticios como todo lo que hacia el botánico», ha zanjado.
Por ese motivo, ha anunciado que toda esta información «se va a poner a disposición de la abogacía para que estudie y si es necesario ejerza las acciones legales pertinentes».
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