La justicia vuelve a poner el foco en el PSPV de la etapa de Pla

Los hechos de la operación Azud, la presunta trama urbanística de cobro de mordidas por adjudicaciones en la ciudad entre los años 2004 y 2011. Una etapa en la que el PSPV vivió su particular travesía por el desierto en lo institucional y una peculiar calma en lo orgánico, con Ignasi Pla como entonces secretario general de la federación valenciana.

Pero, ¿por qué esa etapa ha vuelto a la actualidad? En los últimos dos años, la justicia ya ha puesto su lupa sobre este período de la organización socialista. Primero lo hizo con la presunta causa de la financiación irregular del partido entre los años 2007 y 2011. Una causa archivada porque los hechos investigados estaban prescritos y, ahora, nuevas sospechas de que el partido se pudo financiar de manera irregular, extraídas de las pesquisas que se han derivado del caso Azud.

En ambas investigaciones aparecen personajes comunes, satélites que orbitan alrededor de la caja fuerte del partido y que tanto entonces como ahora, han sido señalados por los investigadores. Es el caso del entonces secretario de finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, que aparecía en los correos de la pieza de Crespo Gomar y es uno de los imputados en este nuevo caso. Por el momento, se desconoce su participación en la trama, pero a nadie escapa que su nombre aparezca en ambas causas. Y es que Cataluña siempre ha sido el hombre para todo de las ejecutivas vinculadas a la familia lermista. Desde Ignasi Pla, de quien fue responsable financiero, al actual líder del PSPV, con quien no ostenta cargo orgánico, pero sí comparte una estrecha relación.

En su día, las investigaciones sobre la empresa Crespo Gomar y otras tantas mercantiles vinculadas a la financiación del partido, no se investigaron porque la responsabilidad estaba extinta.

Pero la causa, ahora, incorpora un debate técnico acerca de si los nuevos hechos están o no prescritos. La cuestión no es pacífica. Es cierto que el juzgado de Instrucción 21 de Valencia declaró en su día que no existía responsabilidad penal en un supuesto de financiación electoral del PSPV. Y esa decisión fue firme. Fuentes judiciales sostienen que la causa de Azud empezó en 2017 tras la primera operación policial. Estas fuentes mantienen que la prescripción se detiene entonces. Sin embargo, la realidad es que entonces el procedimiento no se siguió contra todos los investigados que sí aparecen ahora como Rafa Rubio o Pepe Cataluña, por poner un ejemplo. Pero, además, también existe otra posibilidad, que no fuera la financiación ilegal el delito concreto que lastraría a la organización socialista. Así, por ejemplo, existen muchas formas de favorecer a un partido. Por ejemplo, un cohecho. Y el plazo de prescripción de ese ilícito son 15 años.

Fuentes conocedoras de la investigación aseguran, además, que las pesquisas actuales podrían acabar salpicando a la antigua trama que se dio por concluida. Es decir, las sospechas vuelven a situarse sobre Crespo Gomar. Además de la coincidencia en el tiempo, en aquel caso también se vieron implicadas firmas públicas, como ahora el TSJCV también asegura que sucede.

De hecho, una de las líneas de investigación actuales es la de una presunta financiación irregular del PSPV, un escenario que ha sobrevolado sobre el partido en los últimos años. Y es que en las fechas investigadas, el partido se vio sumido en numerosas deudas, fruto de años sin poder institucional y, por tanto, de músculo financiero, y la compra de la sede de Blanquerías (con un gran coste para la organización) y la personación en numerosas causas de corrupción como el caso Fabra, el caso IVEX o el caso Terra Mítica.