El juzgado de Azud genera un caos con los móviles y ordenadores de los imputados

En su momento, se adelantó a los letrados que necesitarían un dispositivo de siete terabytes para descargarse todos los archivos informáticos. Aquello ya generó inconvenientes. No es fácil encontrar en el mercado un dispositivo de esa capacidad.

Finalmente se levantó el secreto parcial y hace unas semanas se entregó todo el material de los teléfonos y discos duros decomisados en las operaciones policiales desarrolladas por la UCO. En principio, se le facilitó a cada uno lo que le correspondía con el objetivo de respetar la privacidad de los procesados y garantizar que esa información sensible no terminaría en los medios de comunicación.

Definitivamente, la entrega del material ha supuesto un enorme embrollo para los afectados. En primer lugar, por la imposibilidad de acceder a buena parte de la información que analizó en su momento la UCO. En segundo lugar, porque entre la información consultada figura material de otros compañeros investigados.

No son pocos quienes se han quejado al juzgado de este problema. Entre ellos, por citar a los más significativos, José Luis Vera, el letrado con poderosos vínculos con el PSPV; el supuesta cabecilla de la trama, Jaime Febrer y el histórico hombre de las finanzas del PSPV, Pepe Cataluña. 

Manolo Mata, exsíndic del PSPV y abogado de Febrer, es el que más datos proporciona. De los discos duros facilitados –«y tras superar el pudor de acceder a determinados datos íntimos de las personas»– constata que hay información de otras mercantiles, al margen de las de Febrer, «con los secretos comerciales, económicos y de gestión de dicha empresa». Existe también incluso documentación de una sociedad que no figura entre las investigadas.

Lo más llamativo es el disco 99. Allí aparece el volcado del móvil de Febrer con «fotos y memes que están escrupulosamente protegidos por el derecho a la intimidad que suponen valoraciones políticas, éticas, morales y que en nada son de interés para la causa».

Pero, además, se incluye también el volcado del teléfono particular de otro empresario con «centenares de fotos de familiares, incluyendo menores, viajes, memes con pronunciamientos políticos y bromas diversas, mensajes religiosos e incluso análisis de sangre».

Y todo esto de ejercicios que han quedado fuera de la investigación judicial, subraya el letrado. Esta supuesta vulneración ha sido planteada ya por algunas defensas y no sólo en el seno del caso Azud. En principio, se investigan una serie de hechos en un marco temporal, pero el acceso a las comunicaciones sobrepasa ese límite.

Otra de las defensas ha pedido una reunión en el juzgado para que un técnico les explique cómo acceder. «Consideramos que se vulnera el derecho esencial a la intimidad si todas las partes tienen acceso a información claramente íntima y privada», sostienen.

La defensa de Vera, que incluso contrató a un informático para acceder al material, va algo más lejos en sus explicaciones. Señala que ha recibido fotografías privadas de otra persona que no tiene que ver con él e información de las empresas sin ninguna vinculación con su caso. Aparte de que no dispone de las claves para acceder a los archivos «encriptados». Esta contraseña estaría en poder de la Guardia Civil.

El que fuera asesor legal de Febrer ha pedido que se paralice la entrega de todo este material y «se acuerde la apertura de la correspondiente pieza separada de expurgo a fin de que todas las partes afectadas puedan, con totales garantías y preservación de los derechos de todos los afectados, puedan acceder en debida forma al contenido de la información intervenida». No consta respuesta de la juez.