El director de Cáritas Tarragona, imputado por la trama de los colegios en el caso Azud

Los empresarios se hicieron cargo de una deuda del Ayuntamiento con las congregaciones religiosas de 35 millones de euros a cambio de varias parcelas en la ciudad para construir. Los peritos calculan, en la estimación más conservadora, que las arcas públicas perdieron 14 millones de euros.

En el sumario, se recogen varios correos electrónicos en los que aparece en copia el nombre de Salvador Grané, un empresario que, según se desprende de las diligencias, conoció con detalle toda la operativa, una de las principales tramas de corrupción dentro de la macrocausa de Azud.

LAS PROVINCIAS ha contactado con Caritas Tarragona para conocer la opinión del director ante esta comparecencia. Una portavoz de la entidad, tras conversar con el afectado, admitió que acudirá a declarar y que desconocía realmente su vinculación con este caso. Rechazó la posibilidad de hablar personalmente con este periódico. No obstante, deslizó que tampoco piensa abandonar su puesto en Cáritas, de carácter voluntario, únicamente por una citación como imputado. Esta circunstancia, en realidad, sólo responde al interés por salvaguardar sus derechos.

Sin embargo, la citada portavoz adelantó que iba a trasladar esta información, que desconocían hasta la llamada de LAS PROVINCIAS, al Arzobispado. Asunto diferente es que esto implique la adopción de medidas respecto al puesto de responsabilidad.

Grané ha tenido una amplia trayectoria como directivo. Tras la salida de Landscape fue fichado por Banco Sabadell para reforzar la división inmobiliaria del grupo, según informó en su día Cinco Días. Tras su nombramiento en Tarragona, La Vanguardia publicó un breve perfil del ahora investigado, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y funcionario en excedencia de la Generalitat. También es diplomado en Sanidad, Ingeniería Ambiental y Administración y Dirección de Empresas.

El mismo día que acudirá Grané, le acompañará Esmeralda Orero. La mujer, que fue nombrada directora general de Coordinación Jurídica de Ordenanzas, Licencias e Inspección durante la última etapa de Rita Barberá, es toda una institución en la administración local. Llegó al Ayuntamiento de Valencia en 1984 y también ejerce como profesora del Instituto Nacional de Administración Pública.

La juez de Azud le atribuye un papel clave en la trama de los colegios para configurar el listado de parcelas que deseaba el grupo inversor a cambio de pagar la deuda de las congregaciones religiosas. El próximo 14 de julio también se desplazarán a la Ciudad de la Justicia otros destacados funcionarios del Ayuntamiento de Valencia como Carmen Manzano, jefa de servicio de Contratación; Joaquín Vaño Hurtado, Juan Bautista Calatayud, jefe de Saneamiento y Juan Carlos Girbes Burguera, jefe del Ciclo Integral del Agua.

Esta ronda de comparecencias está relacionada con la adjudicación a Acciona de un contrato de 125 millones de euros, más el mantenimiento, del sistema de alcantarillado de la ciudad. El cuñado de Barberá, José María Corbín, cobró dos millones de euros de esta operación.