El juzgado imputa a los dos ediles de Compromis que trataron de comprar a otro

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha asumido ya la investigación de la Fiscalía Anticorrupción acerca del intento de compra de un concejal para obtener su voto en una futura moción de censura. Entre las primeras diligencias acordadas, destaca la citación de dos concejales de Compromís de Palma de Gandia, Manuel Sansaloni y Ricardo Pastor, que fueron denunciados por el ministerio público. Comparecerán, lógicamente, en calidad de investigados. El instructor les ha convocado el próximo 24 de marzo. La acusación sostiene que ambos le ofrecieron un sueldo de 1.000 euros con independencia de que hiciera sus labores de concejal y, además, promocionar su negocio personal –al parecer, una tienda de deportes– a cambio de obtener su voto en el Pleno.

Este tipo de investigaciones cobran ahora más actualidad si cabe tras los episodios de esta semana que están convulsionando el tablero político nacional, con la anunciada moción de censura en Murcia y posteriormente el acuerdo de tres diputados de Cs con los populares, lo que invalidaría la maniobra política de la formación naranja.

Existe una diferencia fundamental en este asunto respecto a otros supuestos casos de compra de voluntades que, en alguna ocasión han terminado en los tribunales pero con escaso recorrido. En la denuncia de la víctima, un exconcejal del PSPV, se aporta una grabación que efectuó del encuentro. En ella se recogen los beneficios que obtendría con el apoyo a Compromís. Esta prueba, sin duda, complica la versión exculpatoria que podrían ofrecer los dos investigados. Es más, en la grabación, se recoge como los dos imputados hacen alguna referencia al hecho de apagar los teléfonos para que no se grabe la reunión. La cita tuvo lugar en una cafetería.

Compromís obtuvo en las elecciones municipales de 2019 cuatro concejales. Inmaculada Escrivá fue la alcaldesa. Sin embargo, no se renovó el pacto con los dos ediles del PSPV, un Botánico a escala local, tal y como se estableció en la anterior legislatura. La alcaldesa murió y se eligió de nuevo primera edil. En esa votación resultó ganadora la candidata del PSPV, María Trinidad.

La responsable consiguió la vara de mando gracias al apoyo de las tres concejales del PP. Tanto ella, como su compañero, David García, fueron expulsados de la organización socialista. Fue entonces, siempre según el relato de la Fiscalía, cuando los dos denunciados –Sansaloni había militado en el PSPV en la anterior legislatura–, contactaron con García, el edil de Deportes, para tratar de comprar su voluntad.

La presunta víctima recogió en un dispositivo la conversación –se ignora si lo hizo en su propio teléfono móvil– y se la trasladó a la alcaldesa para que conociera el detalle de la reunión. Luego acudieron a la Fiscalía ante el carácter delictivo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento apreciaron en ese audio.

El PP, en su día, calificó los hechos como un "ataque directo a la democracia", en palabras del presidente de los populares, Vicente Mompó. En cambio, desde Compromís, el propio investigado quiso enviar un mensaje de tranquilidad cuando conoció la existencia de una investigación por parte de la Fiscalía y acotó la charla a una conversación habitual entre partidos para tratar de atraer hacia las filas a alguien que puede estar descontento en su formación.

Será un juez el que dictamine si existen suficientes indicios delictivos, tal y como en su día ya apreció la Fiscalía, para sentar a los dos investigados en el banquillo de los acusados por un delito de cohecho.