El PP brinda apoyo a Puig para una ley de funcionarios sin requisito lingüístico

Los populares intentan hacer bueno el refrán de que, a río revuelto, ganancia de pescadores, y ante las turbulencias que evidencian los socios del Consell, ayer lanzaron la caña. El diputado autonómico del Grupo Popular en Les Corts José Antonio Rovira, aseguró que su partido «está dispuesto a tender la mano al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para sacar adelante la Ley de Función Pública siempre que este se aleje de los postulados nacionalistas de Compromís y la exigencia del requisito lingüístico». No es la primera vez que los populares ofrecen su apoyo a los socialistas valencianos, siempre bajo la premisa de que, con su ayuda, el PSPV podría gobernar liberado de las condiciones de los nacionalistas. En este caso, se trata del requisito lingüístico, es decir, la exigencia a los funcionarios y a los que quieran serlo de contar con títulos que acrediten su conocimiento del valenciano. Se trata de un asunto que ha enquistado la Ley de Función Pública durante años, tanto en lo que se refiere al debate entre PSPV y Compromís como respecto a los criterios de los sindicatos.

Por discrepancias entre unos y otros, la ley, el proyecto estrella en materia de Administración Pública de la consellera Gabriela Bravo, lleva años sin salir a la luz. Esta pasada semana se quedó a las puertas de ser aprobada, pero finalmente no entró en el pleno del Consell porque Compromís consideró que hay cuestiones de procedimiento ante las que no hay acuerdo político entre la coalición nacionalista y los socialistas, que se enfadaron y señalaron a Oltra como la artífice del bloqueo, tras asegurar que el acuerdo se había cerrado con Marzà.

Rovira aseguró que el PP «es un partido responsable y Puig lo sabe. Fue gracias al PP que se pudo aprobar el pasado diciembre la enmienda sobre la interinidad de los Policías locales que Podemos votó en contra. De esta forma, y gracias al PP se evitó que 1.500 policías se quedaran en la calle». El argumentario de los populares es cierto en parte, ya que inicialmente los populares votaron en contra de la enmienda junto a los podemistas, pero eso fue en la comisión en la que se debatió la enmienda. Los socialistas, sabiendo que los alcaldes del PP estaban a favor, forzaron una nueva votación en el pleno de Les Corts y, en esa última ocasión, los populares rectificaron el sentido inicial de su voto.

El diputado popular recordó que, en referencia a Función Pública, el PP siempre apostó por considerar el valenciano «un mérito y no un requisito, salvo para aquellos puestos dentro de la administración o la enseñanza en líneas en valenciano». Es decir, que el valenciano se tuviera en cuenta en la valoración para optar a entrar en la Generalitat, pero no fuera un requisito obligatorio. «No se puede hacer una ley que sea excluyente, y eso es lo que quiere Compromís. Tal y como plantean la Ley una persona como Pedro Duque, que es ministro, ha sido número 1 del PSOE por Alicante y habla siete idiomas no podría ser funcionario si no acredita el valenciano. Es un disparate», señaló Rovira, quien indicó que la Ley de Función Pública «no puede estar bloqueada por un componente lingüístico. Los problemas de los funcionarios van más allá, por ejemplo en el desarrollo de la carrera.

«No se puede reducir todo a requisito lingüístico».El parlamentario del PP consideró que los ciudadanos de la Comunitat «no pueden ser quienes paguen los caprichos, rabietas y desencuentros del Botànic. Este Consell no piensa en el bienestar de los ciudadanos, sino en quién podrá sacar pecho de los pulsos internos. No puede discriminarse a los empleados públicos en su acceso o promoción por razón de lengua ni alejar a profesionales competentes por no tener el requisito».