Llinares da carpetazo a la investigación de acoso sexual en Antifraude

En aplicación del protocolo de prevención ante el acoso laboral, la AVAF comunica a su personal el archivo de la investigación. Se cierra el expediente «una vez realizadas todas las actuaciones oportunas y sin que se hayan puesto de manifiesto denuncias, ni se hayan identificado situaciones, ni hechos, ni personas, relacionados con ningún caso de acoso sexual o por razón de sexo en la plantilla». Aquí no ha pasado nada, según la resolución de Llinares con fecha del pasado lunes.

El problema comenzó cuando una empresa externa recibió el encargo de elaborar el plan de igualdad y remitió a la plantilla (algo menos de medio centenar de personas, mayoría de funcionarias) una serie de formularios para evaluar la situación en Antifraude en temas de igualdad. «Al preguntar a la plantilla si se han encontrado en alguna de las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, existe una respuesta por parte de dos mujeres que han indicado haber recibido mensajes con contenido sexual no deseado cuyos remitentes son personas con las que trabajan», señala ese informe preliminar.

En ese mismo documento se desprende el recelo de un porcentaje de las trabajadoras respecto a la Agencia a la hora de resolver casos de acoso. «Ante la pregunta: 'En caso de que estuvieras siendo una víctima de acoso sexual o acoso por razón de sexo: ¿confiarías en la profesionalidad de la organización para solucionar la situación?', responden afirmativamente 14 mujeres (el 53,8% de las mujeres) y 13 hombres (76,5%). Entre las personas que responden negativamente, se encuentran mayoritariamente mujeres y alcanzan a ser casi la mitad».

A partir de ahí, arranca la tempestad. Los delegados sindicales reclaman en junio que se aclaren esos casos y miembros de la dirección de la Agencia manifiestan su malestar por esa petición al considerar que se cuestiona la gestión del propio Llinares. LAS PROVINCIAS adelanta los datos del informe y el malestar interno. Antifraude considera que esa información vulnera la confidencialidad de su actividad e investiga a sus funcionarios. Expedienta a dos de ellas, acusadas de filtrar la situación. La Agencia inicia un procedimiento para apartarlas, tramitación en la que se baraja una sanción de hasta seis años de inhabilitación. Las empleadas recurren internamente, una de ellas de baja por maternidad. El asunto se judicializa. El TSJ le para los pies a Llinares y acepta una denuncia por vulneración de derechos fundamentales. Los sindicatos UGT (una de las expedientadas es su delegada) y CCOO presentan un escrito ante Antifraude, alarmados porque, en su empeño por buscar filtraciones, desde la Agencia «se ha accedido a la cuenta de correo electrónico habilitada a la representación del personal». UGT denuncia una «persecución» y señala que «lleva mucho tiempo preocupado por el clima laboral en Antifraude». Llinares se dirige a Les Corts ofreciéndose a comparecer, aunque no por los expedientes abiertos a sus empleadas (tal y como le obliga la ley), sino por las «inexactitudes» de la información publicada. El PP pide que comparezca y Vox se suma. El portavoz popular en Les Corts, Miguel Barrachina, anuncia que hoy se decidirá la fecha de la comparecencia de Llinares en la comisión de Hacienda de Les Corts y que su deseo es acelerar esa cita. Desde la oposición, Rebeca Torró (PSPV) mostró respeto al proceso y rechazo de «cualquier práctica de discriminación o acoso laboral», mientras Joan Baldoví (Compromís) aseguró que ha hablado personalmente con Llinares y que debe dar las explicaciones oportunas.