Luz verde a la auditoría que buscará ilegalidades en las empresas públicas

El informe forensic supone, por tanto, mucho más que una mera auditoría contable de la salud financiera del sector público. Lo que el Gobierno valenciano busca son indicios de comportamientos o prácticas delictivas. Sobre la base de las informaciones proporcionadas por la Sindicatura de Comptes y la Intervenciónm de la Generalitat, lo que ahora se pretende es certificar que los indicios e irregularidades que aparecen en esos informes se traducen además en comportamientos delictivos. «Se trata de ver como están las tripas de las empresas públicas», señala una fuente de la administración autonómica.

Lo que el Consell hace este martes es aprobar el proceso de contratación de la firma que se encargará de esa auditoría. Los plazos sobre los que trabaja el Palau señalan que ese proceso de contratación se prolongará entre 3 y 5 meses y que hacia finales de año podría disponerse ya de los primeros informes sobre las empresas de la Generalitat. El coste estimado de la auditoría se sitúa entre el millón y el 1,5 millones de euros.

¿Sobre todas? No. El Gobierno valenciano está en conversaciones con la Intervención para delimitar qué entidades serán objeto de esa auditoría forensic y cuáles no. «Queremos saber a dónde ha ido a parar cada euro de los valencianos que se ha destinado a una empresa pública», se señala desde el Consell. «Cumplimos el compromiso del presidente», se remata.

La contratación de esta auditoría del sector público se enmarca dentro del plan de control financiero específico correspondiente al año 2024. De hecho, ese plan incorporará la auditoría operativa que se realiza todos los años y, en forma de anexo, la contratación por un sistema dinámico de adquisición de esa otra auditoría forensic.

Las dudas sobre la gestión de las empresas públicas arrancan de los informes de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat. El análisis de los últimos ejercicios contables de algunas de las empresas públicas de la administración autonómica destaparon diversas irregularidades, que son las que ahora se pretende investigar. Desde la creación de seis agencias fantasma -aprobadas por el Consell pero sin personal ni presupuesto- hasta las circunstancias que envolvieron la contratación de personal sin contar con las pertinentes autorizaciones de la dirección general de Presupuestos o el caso de una firma pública que presentó para su aprobación una propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que superaba en 800 empleos a su personal real. La misma empresa, informada de tal ciscunstancia por la Intervención, se apresuró a corregir el dato. La Intervención y los auditores detectaron anomalías en el 90% de empresas de la Generalitat el último año del Botánico.