El magistrado del caso Zaplana acepta su recusación

Todo nace como consecuencia de una denuncia que Vicente Grima, letrado de Vicente Cotino en este asunto, le puso hace más de 20 años por un supuesto cohecho. En aquella denuncia se sostenía que el magistrado aceptaba regalos a cambio de una eventual rebaja de pena. El TSJ archivó la causa sin celebrar juicio. No apreció indicios suficientes para continuar el procedimiento.

La decisión actual de Megía, lejos de una sorpresa, resulta la confirmación de la noticia que todo el mundo -judicial, claro- aguardaba. Era lógico y casi inevitable si tenemos en cuenta que el propio magistrado ya se había abstenido hace unas semanas, decisión que sorprendentemente frenó la Audiencia al rechazar que se dieran los requisitos de una enemistad manifiesta. La Sala indicó que no veía motivos para ese enemistad manifiesta y que además esta se debía desplegar sobre el cliente, en este caso acusado, pero no sobre el letrado. Fue entonces cuando Grima presentó la recusación.

La historia de Megía y el conocido penalista ha generado todo un cruce de acusaciones y sospechas a lo largo de las últimas décadas. El letrado llegó a pedir ocho años y medio de cárcel al magistrado, mientras este solicitó que se dedujera testimonio de la intervención del abogado durante las cuestiones previas de un juicio donde no dudó en cuestionar la independencia del magistrado antes de abandonar la sala. La Fiscalía lo investigó y lo archivó. El resultado es que ninguna de esas acciones generó mayores consecuencias para los protagonistas de esta historia.

El expediente de este incidente de recusación cuenta también con el informe de la Fiscalía Anticorrupción que considera que se dan todos los requisitos para que el magistrado sea recusado. Sin duda, un criterio que también pudo inclinar la decisión del magistrado. Se ignora si el resto de partes, la defensa de los otros acusados, se han pronunciado al respecto. En definitiva, se trata de una situación que sólo afecta a una parte y a un magistrado.

Toda esta documentación se ha enviado ahora al instructor del expediente, un magistrado de la Audiencia que al cierre de esta información no había sido aún designado. Pero, en teoría, su papel será testimonial una vez revelada la posición del magistrado.

Una vez cerrado el expediente, el asunto regresará presumiblemente a los cauces de la normalidad. De momento ya existe un ponente sustituto que es Pedro Castellano, presidente de la Sección cuarta y expresidente de la Audiencia de Valencia.

Faltará saber quién es la persona que sustituye a Megía como miembro del tribunal. El siguiente paso será el señalamiento de la vista. El juicio puede celebrarse después del verano. Dependerá también de la disponibilidad de la sala Tirant, unas dependencias habilitadas en la Ciudad de la Justicia para juicios multitudinarios.