Marzà aprobó la Oficina Lingüística pese a los reparos del Jurídic y del propio Consell

La Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) impulsada por la conselleria de Vicent Marzà se aprobó mediante un decreto del Consell el pasado 24 de noviembre. Educación impulsó un organismo mal recibido por el PP, pero también cuestionado por el propio Consell Jurídic Consultiu (CJC) y hasta por Presidencia de la Generalitat, que desde la Subsecretaría del área que dirige el propio jefe del Consell, Ximo Puig, realizó una serie de observaciones de mucho calado contra la ODL, especialmente en lo relacionado con las competencias que se arroga y respecto a las actuaciones hacia personas y empresas. Marzà siguió adelante con su proyecto a pesar de todos los reparos recibidos, que desoyó en varios asuntos esenciales, especialmente en las reiteradas advertencias sobre el inconveniente de incluir la esfera privada, personas físicas y jurídicas.

El recurso judicial presentado por el PP contra la puesta en marcha de la ODL ha propiciado que se conozca el informe interno del propio Consell cuestionando el proyecto. Las observaciones de Presidencia coinciden en algunos aspectos con las alegaciones que presentó el PP, realizadas por la abogada y diputada popular María José Ferrer-San Segundo y que posteriormente se han convertido en la base de su recurso ante el TSJ admitido a trámite.

Hace casi un año se dio a conocer el proyecto de la oficina. El PP ya advirtió entonces que consideraba que el nuevo ente se entrometía en ámbitos que no le correspondían. A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio la razón a los diputados autonómicos del PP Jorge Bellver y María José Ferrer San-Segundo y les permitió presentar un recurso contra el decreto de funcionamiento de la ODL, a pesar de que el Consell, y también Intersindical litigaron para que los populares no pudieran apelar. Paradójicamente, un informe de Presidencia de la Generalitat realizado también durante 2017 realiza un total de nueve observaciones relevantes contra la oficina, de las cuales al menos la mitad han sido desoídas prácticamente en su totalidad por la conselleria que dirige Marzà, quien también sorteó alguna de las observaciones esenciales del dictamen del CJC.

El informe del Jurídic, fechado en julio del año pasado, incluía varias observaciones esenciales. Educación acató la advertencia de que el decreto del Consell debía «modular su redacción» en algunos aspectos. Igualmente, rebajó la intención inicial de la conselleria de imponer a otras administraciones plazos de contestación de las quejas, así como la intención de que personas físicas y jurídicas tuviesen la obligación de responder a la ODL.

Sin embargo, desde el órgano consultivo se instó a «suprimir las referencias a personas físicas y jurídicas de naturaleza privada como posibles sujetos pasivos de quejas y sugerencias». El rechazo del CJC se fundamenta en que la ODL no debería contar con las funciones de recibir, tramitar o responder a las sugerencias o reclamaciones del ámbito privado por sobrepasar las competencias de la propia conselleria, limitada al ámbito de la Administración. El Jurídic sustenta su dictamen en un precedente ocurrido en Euskadi, que también creó un ente similar a la ODL y se limitó su actuación a los organismos públicos. El CJC recuerda que la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià también limita su actividad a lo público. A pesar de lo cual, el decreto incluye en su capacidad de actuación al ámbito privado. Igualmente, desde la Subsecretaría de Presidencia de la Generalitat se instó a acotar la facultad de la nueva oficina a actuar de oficio sólo en el ámbito de la Generalitat, una limitación que no se incluye en la norma impulsada por el departamento de Marzà.

El informe interno realizado desde el propio Ejecutivo señala hasta nueve observaciones al proyecto. De esos reparos, desde la conselleria de Marzà sí se tomó en consideración lo relacionado a las obligaciones que inicialmente se pretendía establecer a las administraciones local y estatal. Igualmente, se eliminó obligar a los particulares a responder a la ODL. También se suprimió la referencia expresa al deber de proteger los datos de carácter personal por ser redundante.

No obstante, Educación sorteó varias de las observaciones que se le realizan. Desde el propio Ejecutivo se le advirtió de que el proyecto incurría en la presunción de que los denunciados habían cometido los actos discriminatorios. Es decir, que se asumía como cierta la reclamación. Para evitar esa presunción de culpabilidad, desde Presidencia se insta a modificar el texto, y efectivamente se hace, si bien no de la manera exacta que se sugiere. El propio Consell considera necesario que la norma haga hincapié en que el decreto no diese por sentado que las reclamaciones eran vulneraciones de derechos lingüísticos. Pero Educación, en su texto, sí da por hecho esos quebrantos de derechos sin atender a la necesidad de que haya un procedimiento con garantías para todas las partes.

Las objeciones realizadas desde Presidencia también señalan que era necesario dejar claro que la ODL también protegería los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. El informe interno considera incongruente la norma y señala su duda de si la oficina «podría rechazar quejas o sugerencias relativas a discriminaciones sufridas por personas que ejerzan su derecho a usar el castellano». El decreto, sin embargo, sólo nombra al castellano en el preámbulo y sin vincularlo con la oficina. Igualmente, tampoco se hace referencia a suspender la tramitación de una queja si los hechos que la fundamentan propician otro tipo de recursos judiciales. Del mismo modo, Presidencia insta a que cualquier convenio con otras administraciones deba impulsarlo la propia Conselleria de Educación, y no la ODL, por ser un órgano de inferior rango, algo que tampoco se recoge en el decreto, que mantiene la nueva oficina como un interlocutor competente para promover acuerdos con ayuntamientos, diputaciones o el mismo Gobierno central.