La mayoría de quejas presentadas a la Inspección de la Generalitat son de la conselleria de Oltra

La conselleria que dirige Mónica Oltra, Igualdad y Políticas Inclusivas, es la que más da la callada por respuesta ante las quejas que presentan los ciudadanos. Al menos, ante los que protestan hasta el final y llevan sus reclamaciones hasta la Inspección General de Servicios donde mensualmente se computa ese silencio de la Generalitat frente a las exigencias de la ciudadanía. Desde mayo, cuando la IGS comenzó a recopilar esas quejas, todos los meses, el departamento de Oltra es el que más veces evita responder. Encabeza el ránking de departamentos de la Generalitat que acumulan más silencio ante las quejas.

La Inspección registra las ocasiones en que, habiéndose interpuesto una queja ante la Generalitat, se incumple el deber de respuesta (establecido en el artículo 35 del Decreto 41/2016 para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental), por lo que el ciudadano puede insistir y formular una nueva queja, esta vez ante la IGS. Las organizaciones de consumidores suelen señalar que los españoles aún no han adquirido la costumbre de interponer este tipo de reclamaciones por considerarlas inútiles. El número de las quejas que, tras no recibir respuesta, han acabado este año en la IGS son 38. El 40% de esas protestas sin respuesta que llegan hasta la Inspección de la Generalitat corresponden al departamento que gestiona Oltra. Tras Igualdad, las consellerias que acumulan más reclamaciones sin respuesta hasta el pasado mes de octubre son las de Sanidad (15 el negociado de la vicepresidenta, por 10 el gestionada por la socialista Ana Barceló), seguida por Justicia y Educación (cinco por cada una de ambas consellerias), Vivienda y FGV.

Igualdad deja sin respuesta principalmente quejas en relación al tiempo excesivo de tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión o de tramitación de la solicitud de ayudas a la dependencia, el título de familia numerosa o las subvenciones para la vivienda tutelada, así como por no estar conforme con el importe inicial de esa renta de inclusión o por la tardanza en resolverse algún expediente vinculado a la solicitud de la pensión no contributiva de jubilación. También Sanidad acumula reclamaciones por la lentitud de las listas de espera, y Educación por la falta de respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos.