Mazón, «obligado» a pedir las competencias de inmigración como Cataluña

No hay más que decir. El punto tercero de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana «obliga» al Gobierno que preside Carlos Mazón a reclamar al Gobierno las competencias en inmigración que el partido de Puigdemont le arrancó este pasado miércoles al Gobierno de Sánchez en la negociación para sacar adelante dos decretos del Ejecutivo.

Se trata del contenido de lo que se conoce como 'cláusula Camps', el mecanismo introducido en 2006 en la carta magna valenciana con el apoyo de populares y socialistas mediante el que el Gobierno valenciano introducía un mecanismo para igualar sus competencias con las que pudieran adquirir otras autonomías. «Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias», señala el primer apartado de la misma disposición.

La redacción deja lugar a pocas dudas. El Consell de Mazón está obligado a pedir exactamente lo mismo que vayan consiguiendo Junts, ERC, BNG o PNV en lo que a cesiones competenciales se refiere. Las competencias y los consiguientes recursos económicos, se entiende.

En realidad, una suerte de batalla competencial en la que la Comunitat Valenciana no quería -cuando se llevó a cabo- quedarse descolgada. Y en la que ahora está por ver que quiera entrar, a la vista de las complicaciones financieras que atraviesa la administración autonómica. Eso, y la consideración política expresada por el propio Mazón respecto a la oportunidad o no de que algunas competencias estén siempre en manos del Estado. Así se pronunció el jefe del Consell, sin ir más lejos, cuando ERC arrancó del PSOE el compromiso de ceder las competencias integrales den Cercanías.

La 'cláusula Camps' contó con el respaldo de populares y socialistas. Está por ver que opinaría el PSPV de la eventual petición de competencias en materia de inmigración. Entre otras razones, porque sobre el papel, esas competencias pasarían a ser desempeñadas por la conselleria de Justicia, en manos de Vox.

Las fuentes consultadas por este diario consideran muy improbable que el Gobierno valenciano llegue a plantearse solicitar estas competencias. Circunstancia que, en realidad, desnuda el atrevimiento de la redacción del actual Estatuto, que 'obliga' a adoptar una decisión que, con toda probabilidad, el Gobierno autonómico ni se plantea. Con sorna, una fuente parlamentaria apuntaba este jueves que «Puigdemont va a hacer más por las competencias de la Comunitat Valenciana que Àgueda Micó».