Mazón revela pagos del sector público con el Botánico «a cuentas cuyo titular no se conoce»

El jefe del Consell, entrevista en Herrera en Cope, ha detallado algunas de las irregularidades que se vienen conociendo en relación con las empresas del sector público. Y ha advertido que toda esta información está en manos de la Abogacía de la Generalitat por si es susceptible de reclamar algún tipo de responsabilidad a sus anteriores responsables.

De hecho, la firma de pagos por parte de responsables sin la autorización y la falta de información respecto a los titulares que percibieron esos pagos forma parte del catálogo de irregularidades detectadas por la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías.

Mazón se ha hecho eco de algunas de las informaciones que ha venido publicando este diario. Entre ellas, la de las más de 4.000 personas contratadas en un sólo año sin la correspondiente autorización de la dirección general de Presupuestos. O el aumento de plantilla de las empresas del sector público -un 35% bajo la gestión de los Gobiernos presididos por Ximo Puig- frente al crecimiento del empleo en las empresas privadas, un 15,8% en el mismo periodo.

«Hay intentos de enchufismo evidente que ha tenido que parar la propia Intervención», ha señalado Mazón, en alusión al intento de la Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) de colar a tres meses del 28-M una RPT de casi 1.800 empleados pese a contar con una plantilla real que no llega al millar de trabajadores. Un intento frenado por la dirección general de Sector Público, que a pocas semanas para las últimas elecciones autonómicas alertó a la empresa de las irregularidades detectadas.

«Hay empresas públicas fantasma que duplican a las direcciones generales con personal adscrito que no se sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí», ha reseñado taambién el líder del PP valenciano. De hecho, el Consell ya prepara un decreto ley para suprimir esas seis agencias fantasma. Se trata de la Agencia Valenciana de la Energía (AVE), la Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat de la Generalitat (ADiC), la Agència Valenciana d 'Informació i Control Alimnentari, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular y la Agencia Valenciana de Cambio Climático. Y una más, la Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) que, a diferencia de las cinco anteriores vio aprobado su reglamento de organización y funcionamiento a dos meses de las elecciones del 28-M, momento en el que pasó a ejercer las competencias en materia de selección y formación desarrolladas por la dirección general de Función Pública.

Seis entidades del sector público instrumental aprobadas mediante sus correspondientes leyes pero sin estructura orgánica y funcional, sin presupuesto y con competencias que ya venían desarrollando las correspondientes direcciones generales. Seis entidades, por tanto, de más que discutible utilidad -toda vez que sus funciones ya las prestaban otros organismos-, que implicaban obvias duplicidades de objetivos.

Mazón, que ha dicho no querer valorar los datos que se vienen conociendo estos días hasta poder disponer de toda la información, sí que ha señalado que, a la vista de lo que se está conociendo «no me extraña que hayamos heredado la deuda más alta de toda España o el déficit récord del último año. Y todo eso aderezado con la presión fiscal más alta de España junto a Cataluña, que era el modelo en el que se fijaba el anterior Gobierno del Botánico».