Puig infló la plantilla del sector público un 35%, el doble de lo que creció en las empresas privadas

Los datos figuran en los correspondientes infomes de auditoría del medio centenar largo de empresas del sector público valenciano. En 2015, la plantilla de todas esas firmas ascendían a 10.184 empleados. Al cierre de 2022, el último dato oficial del que se dispone, ese dato ha crecido hasta los 13.700 empleados. Se trata de un aumento de casi el 35%.

Que el sector público ha engordado es una realidad incuestionable. Y que lo ha hecho sin atender los requerimientos que imponía la conselleria de Hacienda, sin las pertinentes autorizaciones, y con intentos de colar aumentos de plantilla que no respondían a ninguna necesidad, como ocurrió con la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), también. Pero mientras el Botánico hinchaba el sector público con más personal, con contrataciones temporales masivas y sin atender las advertencias de los informes de auditoría, en el sector privado, la situación de las empresas era otra muy distinta.

De hecho, según los datos de la EPA recogidos por el INE entre el segundo trimestre de 2015 y el cuarto de 2022, el aumento del número de empleos privados se quedó en el 15,8%. Es decir, el incremento de personal en la administración autonómica más que dobló el que se produjo en el ámbito de las empresas privadas, en lo que algunos vienen a denominar como la 'economía real'.

Es decir, el empleo en el sector público de Generalitat creció el doble que en el sector privado.

Por empresas públicas, en porcentaje, el mayor aumento lo experimento la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC), que pasó de 27 empleados en 2015 -tras el cierre de Canal 9- a 493 en 2022, ya tras la reapertura de À Punt. Ese aumento es de un 1.724%, pero un porcentaje tan significativo obedece obviamente al giro que supuso dejar de tener TV autonómica a volver a disponer de la plantilla necesaria para recuperarla.

Eso pasó con la televisión autonómica. Pero no contras empresas públicas. Fisabio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, pasó de 93 empleados a una plantilla de 480 personas. La Intervención de la Generalitat ya advirtió en su día de contrataciones temporales «de forma fraudulenta» en esta entidad.

La Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) tenía una plantilla de 24 empleados en 2015. Al acabar 2022 había aumentado hasta los 118, es decir, un 391% más.

Algunas empresas del sector público regitrans aumentos significativos, en términos de porcentaje, pero que son razonablemente pequeños en cantidad. Aerocas pasó de 5 empleados a 21; el Misteri d 'Elx, de 3 a 5; Museos, de 6 a 10; o el CEAM, de 28 a 39.

Otra cosa son entidades como el Incliva, de 176 a 245 trabajadores en el mismo periodo; la Fundación de La Fe, de 275 a 376 empleados; el IVASS, de 948 a 1.206; o Vaersa, de 1.164 a 1.450. En FGV, la plantilla de 2015 era de 1.517, y la de finales de 2022 de 1.783 trabajadores. la entidad con mayor plantilla es el Consorci Hospital General Universitari de Valencia, con 3.111 empleados al acabar 2022, unos 350 más que en 2015.

El descontrol con el crecimiento de las plantillas del sector público instrumental de la Generalitat lo puso también negro sobre blanco la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías que, en su último informe y en relación con el ejercicio 2021 señala, sobre las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la disposición adicional 20ª de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, que «se ha constatado que durante el ejercicio 2021 las entidades del Sector Público Instrumental de la Generalitat han realizado 6.398 altas de personal laboral temporal mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 2.081 (según certificación de la Dirección General de Presupuestos)».

Existen, por tanto, en el ejercicio 2021, «más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos», zanja.