El coladero del sector público: 4.000 contratados al margen del presupuesto

Coladero porque esos contratos de personal se realizaron sin contar con los pertinentes informes favorables. Y lo que es más grave, sin la necesaria autorización para incrementar la masa salarial. Las conclusiones elaboradas por la Intervención corresponden al ejercicio 2021, pero casos como el de la SGISE y su intento de incrementar en más de 800 personas su RPT a escasos tres meses para las elecciones del 28-M –revelado por este diario– dejan de manifiesto que se trata de una práctica que se ha prolongado en el tiempo. Las empresas públicas, como sinónimo de enchufes masivos.

El informe en cuestión lo explica negro sobre blanco sin andarse con rodeos. Respecto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la disposición adicional 20ª de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, «se ha constatado que durante el ejercicio 2021 las entidades del Sector Público Instrumental de la Generalitat han realizado 6.398 altas de personal laboral temporal (según los datos certificados por los máximos responsables de las entidades) mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 2.081 (según certificación de la Dirección General de Presupuestos)». Existen, por tanto, en el ejercicio 2021, «más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos».

La Intervención certifica este hecho en uno de los cinco 'aspectos significativos' resultado de las auditorías operativas y de cumplimiento referidas en exclusiva al área de personal de las empresas del sector público. Pero hay más. La Intervención alerta de la necesidad de mejora en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de los trabajadores (convenios colectivos, Relaciones de puestos de trabajos y masas salariales).

«En gran parte de las entidades auditadas, el estado de tramitación de estos instrumentos (inexistencia de convenio colectivo de aplicación o convenios colectivos aplicados no informados por las consellerias competentes, inexistencia de relaciones de puestos de trabajo informadas favorablemente o inexistencia de masas salariales autorizadas por la Dirección General de Presupuestos), ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificadas para el control de la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas».

En este sentido, en la ejecución del Plan Anual de Auditorías 2022, «de 39 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 11 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos». Es decir, poco más del 25% de las empresas auditadas disponen de masa salarial autorizada por Hacienda.

En el apartado de recomendaciones, la Intervención insiste en su tesis. «Es necesario que, por las consellerias y direcciones generales competentes, se emitan los informes preceptivos (...) de tal forma que la totalidad de los convenios colectivos, relaciones de puestos de trabajo y masas salariales de las entidades que conforman el Sector Público Instrumental cuenten con las autorizaciones necesarias para su aplicación.

Además, se recomienda la implantación de herramientas informáticas «que permitan mantener un registro de personal unificado en todas las entidades», que permita conocer a los responsables de Sector Público salario medio, número de puestos ocupados en cada momento, tipología de personal, precariedad o edad media.