25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. El PP eligió precisamente el día de ayer para presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados por la que solicita la creación de una comisión de investigación sobre el caso de la menor ... tutelada por la Generalitat por la que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra a cinco años de cárcel. Una iniciativa que pone el foco en el caso que ha afectado a la líder de Compromís, ahora que, junto a Yolanda Díaz, impulsa un nuevo proyecto.
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Los populares reclaman además, en otra iniciativa, que el Defensor del Pueblo abra una investigación para depurar las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de la actuación de la conselleria de Igualdad en este caso. De hecho, esa actuación ha sido objeto de un severo reproche en los fallos judiciales que se han conocido en relación con el caso. Un fiscal y hasta seis jueces han afeado al departamento que dirige Oltra la actuación del departamento en algunas de las circunstancias que han rodeado el caso.
La iniciativa presentada por los populares solicita investigar tanto el caso de la menor tutelada por la Generalitat como los casos de menores tuteladas en Baleares que habrían sufrido abusos sexuales a cambio de dinero, drogas y regalos por parte de adultos. El texto presentado por los populares reproduce extractos de la sentencia en la que se condena al exmarido de la consellera de Igualdad y líder de Compromís, como cuando constata la «hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce de los informes aportados, y que se elaboran, paradójicamente, por quienes estaban llamados a protegerla».
También se recoge que el fallo detecta «un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que la menor es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta».
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Además, recuerda que el Síndic de Greuges ha acusado a la conselleria de Igualdad de obstaculizar una investigación sobre los centros de menores.
Los populares citan otros casos de abusos a menores y concluyen que se trata de hechos de gravedad «que trascienden el ámbito regional y estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos».
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Los populares consideran que la sentencia de la Audiencia Provincia evidencia la «desidia, llegando incluso a torpedear el procedimiento de la Administración autonómica a la hora de investigar este terrible caso».
El escrito de los populares, firmado por hasta 83 diputados y senadores del PP, incorpora un completo relato de lo sucedido con la menor: desde febrero de 2017, cuando una técnica del Comité Anti-Sida puso en conocimiento de la directora del Centro de Acogida de Menores Niño Jesús los presuntos abusos sexuales continuados de un educador del centro a una menor de edad tutelada, como así lo había descrito la propia víctima. En julio del mismo año se inicia la investigación judicial al personarse la policía nacional en el centro. Es la propia policía, se remarca, la que da traslado de los hechos a la fiscalía de menores «cuyas pesquisas culminaron con la primera condena a Luis Eduardo Ramírez Icardi en diciembre de 2019».
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En diciembre de ese año, la Audiencia «condenaba al ex de Mónica Oltra a cinco años de prisión por abusar sexualmente de forma continuada (entre finales de 2016 y principios de 2017) de una menor de 14 años tutelada», relata el escrito de los populares.
Los populares recuerdan que la mayoría del Botánico ya impidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento valenciano sobre el caso. Así como la repetición parcial del juicio, que deriva en marzo de 2021 en una nueva condena a Ramírez Icardi.
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La solicitud del PP señala, sostenido en los fallos judiciales, que la conselleria no sólo se ha dedicado a no creer a la menor, sino que además ha minusvalorado el testimonio de la trabajadora que sí que lo hizo y ha infravalorado la gravedad de los hechos al comunicárselo a la policía. De hecho, el fallo tras la repetición parcial del juicio señala que el informe que motivó esa repetición, pudo elaborarse para proteger a la Administración autonómica: «Podría estar animado por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador».
La solicitud de los populares, presentada ayer por registro del Congreso de los Diputados, debe contar con la mayoría parlamentaria en la Mesa de la Cámara Baja para salir adelante. Una circunstancia que no parece probable que vaya a ocurrir.
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Por otro lado, los populares presentan otra iniciativa por la que solicitan que se remita escrito al Defensor del Pueblo con el fin de que investigue la actuación del Gobierno central, y del valenciano, en relación con los abusos a menores tutelados en centros de protección, «así como exigir responsabilidades, tanto por acción como por omisión, en que pudieran haber incurrido las distintas administraciones públicas en estos lamentables hechos que vulneran derechos y libertades fundamentales de los menores».
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