El Ministerio de Transición Ecológica admite que la ley de la huerta impedía las actuaciones en el barranco del Poyo

Así consta en el «Informe de seguiment del pla de gestió del risc d'inundació de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer. Anys 2022 i 2023», en el que el Ministerio afirma sobre la citada intervención que «Tras las conclusiones del análisis coste beneficio y tras la aprobación del PGRI se debe reorientar la solución inicialmente prevista, de forma que se archiva el antiguo expediente autorizado en el año 2006 del proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera (…) y se autoriza el proyecto del epígrafe con fecha 7 de febrero de 2020 por 35 millones de euros, con objeto de actualizarlo al nuevo marco legal y a nuevos condicionantes ya que el proyecto era de 2010.

Y se añade: «Debido a la incompatibilidad de la solución inicialmente prevista con la Ley 5/2018, de 6 se marzo, de la Huerta de València, y dada la protección e incompatibilidad con la misma, se ha buscado, en la zona denominada el «Pla de Quart» una solución compatible, consistente en una actuación blanda que se combina con una restauración ambiental, para minimizar el riesgo de inundación para periodos de retorno bajos y que deberá completarse con soluciones compatibles con las nuevas restricciones».

El caudal que descendió por el barranco del Poyo el pasado 29 de octubre, y que en el margen de dos horas y media pasó de 28 a 1.700 metros cúbicos por segundo, fue el principal responsable de la riada que arrasó media provincia de Valencia.

El criterio del departamento dirigido entonces por Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, constata que es la norma aprobada por el Botánico la que acabó cortocircuitando la solución inicial para el barranco del Poyo. De hecho, así lo sostuvo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia en Les Corts del 15 de noviembre en relación con la dana del 29 de octubre.

En aquella comparecencia, Mazón explicó que las obras del barranco del Poyo, «las últimas que se intentaron hacer con proyectos ya hechos, y que incluso hasta tenían los informes medioambientales favorables, no pudieron ponerse en marcha por su ley de la huerta». Las palabras del jefe del Consell derivaron en una iniciativa parlamentaria del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que se dirigió a la administración autonómica para que identificara exactamente en qué informe del Ministerio de Transición Ecológica figuraba esa referencia.

La modificación de la Ley de la Huerta aprobada por el actual Consell se justifica por la necesidad urgente de abordar carencias y obstáculos que han surgido desde su aprobación en 2018 y que se considera que se han visto agravados por las inundaciones del pasado mes de octubre de 2024, de manera que sirva para «facilitar todas aquellas obras necesarias para desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos».

Uno de los proyectos que se puede desbloquear con esta modificación, y que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar, es la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia. Esta actuación estaba prevista desde 2009 pero la CHJ desistió de ejecutarla por un informe en contra amparado en la ley de la Huerta.

El plan inicial consistía en la bifurcación del barranco del Poyo en dos ramales. Uno de ellos se mantenía en su curso hacia la Albufera, donde desemboca, y el segundo era una desviación hacia el cauce nuevo del Turia con una capacidad de 700 metros cúbicos por segundo. El que se dirigía a la Albufera tenía capacidad para 800 metros cúbicos por segundo. Entre los dos serian capaces de evacuar una cantidad de agua de 1.500 metros cúbicos por segundo, que no habría sido suficiente (la avenida llegó a superar los 2.000) pero que podría haber contribuido a reducir el impacto de la riada.

También continúa pendiente el acondicionamiento del barranco de la Saleta en el tramo comprendido entre la localidad de Aldaia y el nuevo cauce del Turia. Fue otra de las iniciativas diseñadas para disminuir el riesgo de inundaciones. Planeado a principios de este siglo, el proyecto fue autorizado el 17 de enero de 2020 por un importe de 26 millones de euros. La redacción del mismo se inició en marzo de 2021. Tras el análisis de coste-beneficio y las indicaciones previstas, se ha adaptado el proyecto constructivo. En estos momentos, está en la fase final de la tramitación ambiental simplificada, en curso desde agosto de 2022.

Ahora, con la modificación de la ley de la Huerta, se podrá poner en marcha por parte de la Confederación de un proyecto cuyo presupuesto se ha aumentado en 90 millones de euros por la adecuación y encaje de todos los condicionantes técnicos, ambientales y sociales en la búsqueda de un mayor consenso.

La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha sido preguntada este martes en el Senado por el silencio del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y por las actuaciones del Gobierno en los barrancos del Poyo y la Saleta. La ministra ha reclamado responsabilidad, y ha reivindicado que es el Gobierno de España el que está «al lado de los valencianos». Aagesen no se ha referido a Polo, pero sí que ha admitido que «no hay infraestructura que por si sola se enfrente a un evento meteorológico extremo'.

El senador valenciano del PP Luis Santamaría le ha solicitado sin éxito a la ministra que aclarara qué obras se han licitado en estos tres meses y de qué dotación presupuestaria disponen «para que los 850.000 valencianos afectados puedan dormir tranquilos». Aagesen se ha limitado a insistir en que la administración autonómica disponía de la información y no emitió a tiempo los avisos de alerta, y ha añadido que, respecto a la ordenación del territorio, «las administraciones deben de ser responsables de los mapas de que disponen sobre zonas inundables».