La ministra Morant elude defender que las empresas que huyeron de Cataluña se queden en la Comunitat

Y Morant posiblemente lo ha experimentado este jueves al ser preguntada por su posición acerca del retorno de las empresas que salieron de Cataluña como consecuencia del procés. Sólo en la Comunitat recalaron cerca de un millar de firmas. CaixaBank y Banco Sabadell son, en el caso de la Comunitat, dos de los casos más significativos.

El equilibrio siempre es una cuestión complicada. Había interés en conocer la posición de Morant después del significativo silencio que ha mantenido desde que se conocieron las presiones de Junts para el retorno de las sociedades. Incluso, en una posición de máximos, se reclamaba multar a las firmas que se negaran.

Morant ha querido rechazar la existencia de una polémica por esta propuesta. La dirigente ha subrayado el enorme éxito de las iniciativas aprobadas el pasado miércoles, «iniciativas que mejoran la vida de la mayoría social del país, como el aumento de impuestos y reducción del IVA». Y, a partir de ahí, «por afirmaciones sacadas de contexto se ha creado una polémica que está plagada de mentiras y falsas verdades». El Gobierno de España -continuó- «no va ni a multar ni a sancionar ni a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio. Estarán donde quieran estar». Morant añadió que esa «es la garantía y la seguridad jurídica».

La dirigente gubernamental ha aprovechado para señalar que aprecia en determinadas declaraciones -evidentemente se refería a los del PP y Vox- cierta nostalgia del clima político que se respiraba en 2017 y que enfrentó a los propios catalanes y también a estos con el resto de España. «El esfuerzo del Gobierno ha sido terminar con estos conflictos y mejorar la convivencia. No nos van a encontrar en discursos que enfrentan territorios».

Las decisiones del Gobierno central y de Ferraz para contentar a los independentistas catalanes se observan con cierto temor desde la organización valenciana. La sensibilidad hacia este tipo de asuntos es notable por el supuesto trato de favor a un competidor directo de la Comunitat.

Así se ha vivido en los últimos meses, por ejemplo, ante la posibilidad de frenar la ampliación del Puerto de Valencia en beneficio de la terminal catalana, otro de los grandes enclaves portuarios del Mediterráneo. De igual modo, esta diferencia, la consideración de socio prioritario a ERC y Junts, se ha hecho evidente con la condonación de parte de la deuda catalana.

Además, este tipo de situaciones son aprovechadas con éxito y de manera inmediata por el Consell del PP y Vox. No tardó el PP en activar su reacción, un frente común contra las decisiones de Pedro Sánchez. «Es inconstitucional», dictaminó la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante el desayuno de Nueva Economía Fórum que se organizó el pasado miércoles en el hotel Las Arenas.

La primera edil coincidió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para mostrar el rechazo de las administraciones más importantes de la Comunitat a esta pretensión. «Es inconstitucional que se penalice a las empresas que no vuelvan a Cataluña. No es constitucional. Eso es saltarse todas las líneas rojas que existen en nuestro país», comentó en el desayuno de Nueva Economía Fórum que ha organizado este miércoles por la mañana en el hotel Las Arenas.

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue un paso más allá. El dirigente prometió defender jurídicamente y proteger a las empresas que se instalaron en la Comunitat desde Cataluña tras el 'procés' si prospera la propuesta de Junts. «No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas», ha declarado Mazón. Frente a ello se comprometió a defender a las empresas instaladas en la Comunitat, «incluso en su caso», con un recurso de inconstitucionalidad de la Abogacía de la Generalitat, que «está alertada» para reaccionar «de inmediato»: «Como ya nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, tenemos las peores perspectivas».