Mireia Mollà y Rafael Blasco, unidos por el cese

El Diari Oficial de la Generalitat publicado este martes por la tarde daba a conocer el decreto 33/2022, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, «por el que se dispone el cese de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica».

No hay dimisión, es una destitución en toda regla. La historia es sabida. La vicepresidenta Aitana Mas solicitaba unas horas antes una reunión de urgencia con el presidente Ximo Puig y le exigía el relevo de Mollà. En el trasfondo, la figura política de Mónica Oltra y su influencia sobre la actual vicepresidenta del Consell, como razón última de una decisión sobre la que Mas no ha querido ofrecer demasiados detalles.

Que sea un cese y no una dimisión -en el DOGV siempre se utiliza la misma fórmula, aunque los casos de Mollà y Blasco con los únicos que se han presentado públicamente como destituciones-, resulta un detalle significativo. Porque lo habitual, lo que siempre ocurre, es que incluso cuando un presidente decide que uno de los miembros de su Gobierno no continúe en el cargo, se lo comunique primero para que sea éste el que presente formalmente su dimisión o su renuncia. Una forma de edulcorar la salida del cargo, que suele complementarse con argumentos del estilo de 'razones personales' o similares.

Así ocurrió con Lerma, con Zaplana, con Camps y con Fabra. Dimisión fue la de Luis Fernando Cartagena en 1998, tras verse involucrado en un caso relativo a cesiones de crédito no declaradas al fisco. También fue renuncia la del ya fallecido José Manuel Vela, horas antes de resultar imputado por la filtración de un informe judicial (al propio Blasco) en 2012.

Y así ha ocurrido siempre con Ximo Puig. Ni con las salidas de cargos. Carmen Montón, Manuel Alcaraz, Elena Cebrián, María José Salvador... o los casos más recientes de Rubén Martínez Dalmau, Vicent Marzà o la macrocrisis tras la dimisión de Mónica Oltra por su imputación en el caso de la gestión de su conselleria por los abusos a una menor tutelada por la Generalitat. No ha habido ceses, eran dimisiones o, en todo caso, decisión del president de prescindir de sus servicios en una remodelación, pero sin señalar explícitamente la destitución como formato.

No ha sido el caso. A Mollà se le destituye como consellera de Agricultura. Y esa circunstancia es casi inédita en los ¡40 anys fent país! que diría la consellera de Transparencia Rosa Pérez. Porque sólo se recuerda otro caso así.

En 1989, un 27 de diciembre, el entonces presidente de la Generalitat Joan Lerma ordenaba el cese como conseller de Urbanismo de Blasco. Lerma tomaba la decisión tras las denuncias de corrupción que afectaban a su conseller: un caso de soborno en una recalificación de terrenos, que fue posteriormente archivado al quedar anuladas unas escuchas.

A Blasco aquel asunto le costó el cargo, pero no la carrera política. Eduardo Zaplana recuperó para la primera línea al exconseller socialista. Y éste acabó siendo conseller con el propio Zaplana, con Camps y hasta con Alberto Fabra, hasta que, finalmente, abandonó primero el Consell y luego su escaño de diputado.

En todo caso, a Blasco se le cesó por la sospecha de su implicación en un caso de corrupción. A Mollà se le cesa por causas que no han llegado a explicarse con claridad, pero que más parecen referir a motivaciones de partido que a su quehacer como titular de la conselleria. Al menos en el decreto del DOGV se le agradecen los servicios prestados.

Mollà fue, casualidades de la vida, una de las dos diputadas -la otra fue la socialista Clara Tirado, ahora directora general de Cooperación- cuya labor de investigación desde la oposición resultó determinante en la denuncia contra Blasco por desviar el dinero destinado a ONGs a la compra de viviendas y garajes en Valencia, e intentar camuflar la operación con facturas falsas. Acabó en prisión. 33 años después de aquella destitución llega la de Mireia Mollà.