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En Antifraude no sólo se han detectado casos de acoso sexual. También se ha constatado que una buena parte de las trabajadoras del organismo ... no confían en la propia Agencia a la hora de gestionar los protocolos que deben resolver este tipo de situaciones. La legislación en torno a igualdad y vinculada con el acoso sexual se ha endurecido en los últimos años y ha propiciado que todas las empresas, públicas y privadas, deban organizar estrictos y reglados protocolos de actuación, bajo la responsabilidad de los principales directivos. Sin embargo, en la propia Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat (conocida como la Agencia Valenciana Antifraude, AVAF) impera una notable desconfianza.
Dos funcionarias de la AVAF aseguran haber recibido mensajes de miembros de esa misma oficina con un contenido sexual no deseado. Una empresa externa, en colaboración con una comisión creada por personal de la Agencia, se encarga de la elaboración del plan de igualdad.
Con motivo de ello, a la plantilla (algo menos de medio centenar de personas, en su gran mayoría funcionarias), se le remitió una serie de formularios para evaluar cuál es la situación en Antifraude en todo lo vinculado con la igualdad. «Al preguntar a la plantilla si se han encontrado en alguna de las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, existe una respuesta por parte de dos mujeres que han indicado haber recibido mensajes con contenido sexual no deseado cuyos remitentes son personas con las que trabajan», señala el informe preliminar. En ese mismo documento se realiza una clara advertencia del recelo de un amplio porcentaje de las trabajadoras sobre la capacidad del organismo a la hora de resolver satisfactoriamente casos de acoso.
«Ante la pregunta: 'En caso de que estuvieras siendo una víctima de acoso sexual o acoso por razón de sexo: ¿confiarías en la profesionalidad de la organización para solucionar la situación?'», responden afirmativamente 14 mujeres (53,8% del total de mujeres) y 13 hombres (76,5% del total de los hombres). Es destacable que entre las personas que responden negativamente, se encuentren mayoritariamente mujeres y alcanzan a ser casi la mitad». Así explicita el informe la desconfianza de las encuestadas, en una plantilla feminizada y con una elevada formación académica, compuesta por funcionariado público de la máxima categoría.
Antifraude presentó hace dos semanas en el Salón de Actos del edificio anexo a Les Corts el libro 'Código de Integridad de la Comunitat Valenciana' que ha sido editado junto con la editorial Tirant Lo Blanch. El libro hace un repaso por las principales normas internacionales para continuar con la normativa de carácter europeo, estatal y autonómica. Este trabajo se configura como una herramienta práctica para todas aquellas personas e instituciones que quieran acceder a la normativa publicada en materia de integridad. Llama la atención que una institución consagrada a velar por la integridad de la Administración Pública cuente con un nivel de desconfianza tan alto entre las mujeres que trabajan en la propia Agencia.
El director del organismo, Joan Llinares, confirmó el viernes, a preguntas de este periódico, que «con motivo de la elaboración del plan de igualdad se ha permitido contar con la información de dos casos. En cuanto se detectaron las conductas calificadas de acoso se ha iniciado una investigación».
Los responsables de la comisión que debe elaborar el plan de igualdad para el organismo tuvieron conocimiento de la situación el 12 de junio. Al día siguiente se produjo una reunión con la empresa externa que realiza el plan. En dicha reunión, la comisión indicó a la empresa que, tal y como estaba redactado el informe estaríamos ante un delito de acoso y deberíamos ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía, señalan fuentes conocedoras de estas actuaciones.
La empresa externa contestó a los responsables que los datos de AVAF no presentaban ningún problema significativo, que no había nada delictivo y que se trataba de una pregunta genérica. Sin embargo, la respuesta de las dos trabajadoras y la situación parece que es poco genérica, muy concreta y notablemente grave. De ahí que Llinares señale la puesta en marcha de la investigación interna.
El Tribunal Supremo estudiará esta semana una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que retiró la condición de denunciante de corrupción a un funcionario al que la Agencia Antifraude había reconocida esa protección especial. La vista, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, analizará el recurso presentado por la Agencia Antifraude contra la resolución del TSJ. El alto tribunal, en su momento, dio la razón al Ayuntamiento donde trabajaba este funcionario. De esta forma se le privó de la protección como 'whistleblower'. La cuestión a dilucidar consiste en si la protección a los denunciantes de corrupción que fija una directiva europea «solamente resulta de aplicación en aquellos supuestos en los que exista una denuncia administrativa», criterio que defiende el TSJ, o si, por el contrario, despliega sus efectos con denuncias en sede judicial, como esgrime la Agencia. Otra de las cuestiones planteadas es si es posible aplicar una directiva europea sin que España la haya adaptado a su ordenamiento jurídico en el plazo fijado. Se trata de la conocida como directiva 'whistleblower', que fue aprobada en octubre de 2019 pero no se ha traspuesto hasta este año. Fue en 2018 cuando la Agencia Antifraude consideró denunciante al jefe de urbanismo de este ayuntamiento por alertar de presuntas ilegalidades y aportar también «información de relevancia». El hombre fue víctima de «intimidaciones y represalias» por su colaboración, siempre según Antifraude.
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