La declaración de Mónica Oltra ante el juez fue un periplo agotador de siete horas. La exvicepresidenta tuvo que contestar, de entrada, a preguntas de su relación personal con el educador Luis Ramírez Icardi. Los abusos se cometieron entre finales de 2016 y principios ... de 2017, según la sentencia condenatoria de la Audiencia de Valencia.
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La exlíder de Compromís indicó al juez que la relación sentimental con el docente ahora condenado a cinco años de cárcel se rompió en el verano de 2016, aunque continuaron compartiendo vivienda hasta al menos septiembre de 2017. De esta forma justificó que la orden de alejamiento llegara al domicilio familiar en agosto. Luis Ramírez Icardi seguía empadronado en aquel domicilio.
La exdirigente no se enteró de que su pareja, con la que convivía, no trabajó durante casi un mes en el centro donde se cometieron los abusos cuando se abre la primera investigación por parte del personal de las dependencias y de la propia Conselleria de Igualdad. «Él me dijo que le debían días y que no me preocupara de los niños que él los iba a atender», indicó.
Además, se trataba de un mes con mucho trabajo y viajes constantes a Bruselas y Madrid. Nadie le puso en conocimiento este hecho, según afirmó ante el juez. La Fiscalía reclamó ayer que se incorporen los viajes y la duración de las estancias fuera de casa para acreditar este extremo.
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La vicepresidenta insistió que ignoraba quién o quiénes debían conocer que se había producido un episodio de abusos. «Es como si le preguntan al conseller de Sanidad quién entra en quirófano», respondió al instructor.
El instructor le repitió acerca de por qué en el centro y los internos de las dependencias sabían que el educador era su marido. «No conozco a esas personas y no lo sé», indicó. De igual modo, se le preguntó acerca de la «especial discreción» de la que hablan dos técnicos de la conselleria al referirse a este asunto. «Ellos trabajan según su leal saber y entender y sin interferencias», fueron las palabras de la vicepresidenta.
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La primera entrevista a la menor, de apenas 45 minutos, fue suficiente para no derivar el caso a la Fiscalía ni a otra institución. El juez le preguntó su opinión acerca de esta diligencia. «No tengo conocimientos para juzgar esa actuación. Yo soy licenciada en derecho pero no tengo conocimientos en psicología e intervención social para emitir un juicio sobre esa actuación funcionarial». Oltra añadió que desconocía que la menor y el docente siguieran compartiendo centro después de la comunicación de las primeras denuncias.
El juez lamenta que la menor no fuera trasladada de centro hasta el día 14 de agosto cuando la fiscal, el tener conocimiento de una denuncia de la Policía respecto de los abusos, lo había pedido desde el 6 de julio. De nuevo, volvió a remitirse a los técnicos.
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Ella se había enterado el 4 de agosto por una notificación que llega a su casa. Así recordó este episodio: «Fue una llamada de teléfono de mi ex, porque yo estaba de vacaciones con mi madre. Le pedí , como había dificultad de comunicación telefónica, que me leyera la primera hoja y ahí es donde me di cuenta de que había una Previas. Yo de las DIP (investigación previa de Fiscalía) obviamente no sabía nada y le pongo de manifiesto lo que significaba».
Fue entonces, en aquel momento, cuando contacta con su jefe de gabinete, Miquel Real. «Le digo que recabe información y acerca de si de esto en la Conselleria alguien sabe algo porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera».
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El 8 de agosto de 2017, según las actuaciones, tuvo entrada en la conselleria de Oltra la orden de alejamiento contra el educador. Oltra no tuvo conocimiento de esta circunstancia hasta «tres o cuatro años más tarde», es decir, cuando ya preparaba la comparecencia en Les Corts. La directora territorial, indicó en su día, no supo de la llegada de esta resolución judicial. Oltra desconoce por qué no le informaron de este extremo y por qué tampoco lo sabía la directora general.
El juez profundizó acerca de su papel como consellera pero su obligación de abstenerse en este asunto, que la responsable defendió a lo largo de la comparecencia del pasado lunes. La política indicó que ese mes de agosto prácticamente se lo pasó en La Fe por un problema de salud de su hijo. Fue el subsecretario el que se hace cargo de esas gestiones para saber si el tema se conocía en la conselleria y es cuando le informan de que los técnicos están trabajando en ello.
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Toda esta situación con su hijo termina de manera satisfactoria a mediados de septiembre. Es respecto a ese periodo donde el juez le reprochó su actuación al saber que existía una causa abierta en el juzgado, le preguntó por qué no aportó toda la información disponible para colaborar con la Fiscalía en la resolución de este delicado asunto. «Entiendo que no es mi función como consellera y menos en ese caso».
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