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Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat, ha declarado este lunes durante cerca de siete horas ante el juez por un supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor de un centro de protección. La comparecencia, que se celebró a puerta cerrada al ser una diligencia de instrucción, concentró toda la atención judicial, pero también la política.
La imagen, la de una de las personas con más poder en el Botánico entrando a declarar a la Ciudad de la Justicia, tiene un coste político y personal de enorme magnitud. La imposibilidad de garantizar la reserva de esas imágenes llevó al juzgado a descartar esta opción.
La declaración de la vicepresidenta finalmente fue transcrita. Todo esto retrasó la salida de Oltra. Comenzó a las diez, paró a las tres de la tarde y la comparecencia se reanudó cerca de las 17 horas. Salió más cerca de las 20.30 horas. Agotador.
Oltra llegó visiblemente nerviosa a la Ciudad de la Justicia. El compromiso judicial era para estarlo. La dirigente, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, defendió la legalidad de su actuación. Una intervención que fue de mínimos ya que, según su testimonio, el trabajo de los técnicos y de los profesionales fue independiente sin intromisión por su parte. En concreto, ha vuelto a negar que fuera ella la persona que encargó una investigación, la apertura de un expediente informativo, para saber qué había ocurrido con el tratamiento de la adolescente durante la investigación inicial del caso.
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Este dosier, que la Audiencia calificó de «investigación parajudicial», se convirtió en un informe para desacreditar a la víctima.
Oltra, en sus declaraciones previas a los medios de comunicación cuando aún no estaba investigada, admitió que fue ella la que dio la orden de ese expediente. Posteriormente, en su escrito para evitar la imputación, rectificó. Ahora lo ha negado de nuevo ante el juez. Indicó que esas declaraciones, en las que incluso retaba a las acusaciones populares, fueron debidas a un «estallido emocional», según algunas fuentes.
La declaración se interrumpió en dos ocasiones a lo largo de la mañana. El interrogatorio del fiscal, que fue más breve, comenzó alrededor de las cinco de la tarde. La vicepresidenta responsabilizó de la investigación paralela a la directora general, Rosa Molero, también investigada, quien ya en su día indicó haber actuado de motu proprio. Oltra insistió en todo momento en que no tuvo intervención y ni siquiera conocimiento del asunto desde el 4 de agosto de 2017, cuando llega una citación judicial a su domicilio con la orden de alejamiento a su exmarido, hasta finales de 2019, es decir, cuando se produce la primera condena de la Audiencia de Valencia. En todo este intervalo, Oltra, según afirmó, no tuvo conocimiento de nada del expediente. Es más, ni siquiera había leído el ya famoso informe de Espill que consta en el expediente de información reservada de la conselleria. Algo que, algunas fuentes, calificaron de atentado a la lógica.
Le han recordado su exposición en Les Corts tras la segunda sentencia, cuando efectuó todo un relato cronológico de la actuación de su departamento y cuando ella decía «yo» para señalar qué pasos había dado Igualdad. Para defenderse ha dicho que se trataba de un «singular mayestático». En todo momento, la exvicepresidenta ha querido subrayar que los técnicos actuaban de manera autónoma, independiente. Y nunca recibieron instrucciones de nadie.
La exlíder de Compromís, según algunas fuentes judiciales, recurrió en exceso al discurso político cuando no encontró respuesta a las preguntas que le planteó el juez y el ministerio fiscal. Por ejemplo, cuando éste le preguntó que, si la conselleria era la tutora de la menor víctima de los abusos, por qué nadie se personó en la causa judicial para defenderla. La menor no tuvo un abogado que defendiera sus intereses en el primer juicio por los abusos. El ministerio fiscal defendió sus intereses tal y como hace en todos los procedimientos. Oltra se limitó a responder que cambió la ley para que los abogados de la Generalitat pudieran personarse. Pero la realidad es que ni ahora representan los intereses de la víctima.
Oltra atendió a los medios tras el final de su declaración. Tampoco profundizó acerca del contenido de su comparecencia. Se limitó a subrayar que había contestado a todas las partes (juez, fiscal y defensa) y mostró su confianza en que su versión convenciera al juez. «No es el momento de hablar de eso», indicó acerca de la esperanza de un archivo y ese hipotético regreso a la actividad política.
Oltra ha querido declarar pese a que todavía se desconoce si el juez admitirá una de las diligencias reclamadas por las partes, como es el acceso a los correos electrónicos que cruzaron los investigados en el momento de las primeras indagaciones acerca de la credibilidad de la menor. De aceptarse esta petición, el contenido de los mails puede ser clave -en un sentido u otro- para mantener los indicios pero también para eliminar dudas.
El mayor activo electoral de Compromís se vio salpicado por una investigación que, en realidad, tiene su germen en la sentencia que condenó a su expareja, el educador Luis Eduardo Ramírez, a cinco años de cárcel por abusos.
En aquel fallo, ratificado por el TSJ y pendiente ahora de la revisión del Tribunal Supremo, se aludía a la extraña operativa de la Conselleria de Igualdad de abrir una investigación «parajudicial» cuando el procedimiento ya estaba en marcha en un juzgado. Pero, además, alertaba del hecho que de nadie del centro ni de la Generalitat denunciara el caso y criticaba el «sesgo» del informe sobre la menor que, más que un repaso de los protocolos de actuación, era un dosier para desacreditar el testimonio de la víctima.
Todo esto fue utilizado por la representación de la menor, el presidente de España 2000, José Luis Roberto, y por la polemista Cristina Seguí para denunciar el caso. La investigación ha desembocado en la imputación de más de una decena de cargos de Igualdad y, finalmente, también en la de la propia Oltra.
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