Montero, una gestión con pocas simpatías en la Comunitat

María Jesús Montero acudió el pasado mes de marzo a Benicàssim, invitada por Diana Morant al congreso que la convirtió en líder del PSPV. La ministra de Hacienda, un torbellino de puro nervio y oratoria, esquivó como pudo las referencias que quienes le precedieron en el uso de la palabra hicieron respecto a la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. Montero salió indemne, porque obviamente la protagonista era la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Pero se volvió a llevar anotado que sí, lo de la infrafinanciación de la Comunitat ha calado.

Montero (Sevilla, 1966) es una de las opciones sobre la mesa, quizá la única, como alternativa a Pedro Sánchez si el presidente del Gobierno y líder del PSOE lleva su órdago hasta el final y el lunes decide apartarse. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en su partido muchos la ven como la única salida al callejón en el que el líder socialista ha decidido meterse. Otros, en cambio, tienen más dudas. Pedro Sánchez ha logrado difuminar tanto cualquier liderazgo que no sea el suyo propio, que cualquier alternativa suena a mucho menos.

El caso es que Montero es la ministra de Hacienda desde junio de 2018 -van casi seis años-. Un departamento peliagudo, el encargado de la confección de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), elq eu toma las decisiones sobre las inversiones en las CCAA, el que se relaciona con Bruselas para establecer sendas de gasto y techos de déficit.. y cómo no, el encargado, en teoría, de impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, y de buscar alternativas económicas para los distintos territorios.

Montero es para su partido la opción más creible si Sánchez decide apartarse. Pero también es, vista desde la Comunitat Valenciana, una puerta abierta a sostener todas las reivindicaciones de la agenda valenciana ante el Gobierno central. Porque las principales exigencias que componen esa agenda valenciana tienen que ver con la contabilidad de la región. Y muchas de ellas, las principales, han venido siendo competencia suya y no han encontrado solución.

Como titular de Hacienda, Montero debería de ser la que impulsara la reforma de la Lofca para sacar adelante un nuevo sistema de financiación autonómica. El actual, ya se sabe, se aprobó en 2009 y lleva 'caducado' desde el 1 de enero de 2014. Y Rajoy, primero, y Pedro Sánchez desde 2018, han venido dando largas a una reforma que la Comunitat -partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades...- considera inaplazable.

La ministra presentó en diciembre de 2021 lo que bautizó como 'esqueleto' de criterio de población ajustada, necesario para perfilar el nuevo modelo. Y cosechó tanto rechazo y tan unánime, que ni recogió las aportaciones de las CCAA, ni presentó otra propuesta como dijo poco después. Prometer la nueva financiación en cada debate de investidura se ha convertido ya en parte del paisaje. Se promete, sí, pero no se hace.

La negociación de la investidura con el partido de Puigdemont trajo además el compromiso de negociar de forma singular con Cataluña el nuevo modelo de financiación. Si Cataluña se sale del régimen común, el resto de autonomías que lo componen -todas menos País Vasco y Navarra- sufrirán las consecuencias.

La Comunitat, con similar unanimidad a la de la reclamación de la financiación, exige un fondo de nivelación que, mientras ve la luz el nuevo sistema, cubra las deficiencias de la Comunitat. 1.782 millones de euros al año, según los cálculos de los expertos. Fue la propia Montero la encargada de dar portazo a la propuesta. No es no, vino a decir.

Como responsable de los PGE, Montero también tiene mucho que decir respecto a las inversiones en las CCAA. En el haber del Gobierno socialista, haber igualado el porcentaje de inversiones con el de población de la Comunitat, tal y como recoge el Estatuto. En el debe. mantener una ejecución bajo mínimos, que convierte en papel mojado lo que se presupuesta. Por provincias, además, Alicante sigue como «la 52 de 52», en gráfica expresión del president Carlos Mazón. La última de todas, sin más.

Una situación que no se ha corregido este 2024, porque el Gobierno, a la vista de la convocatoria electoral en Cataluña, decidió prorrogar los presupuestos del ejercicio anterior. La consecuencia inmediata de la decisión, más allá de mantener a Alicante a la cola de inversiones, es que las entregas a cuenta del sistema de financiación no se han actualizado. Según los cálculos de la administración autonómica, eso suponen 90 millones de euros menos al mes respecto a lo que correspondería.

A cambio, es verdad, Montero es titular del departamento del que dependerá la condonación de una parte de la deuda de las CCAA vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un compromiso del Gobierno arrancado por ERC en su negociación de la investidura que, sobre el papel, afectará a todas las regiones. Pero del que hasta ahora se tienen pocas noticias.

Montero, es posible, sea el único relevo con opciones a Sánchez -si Sánchez acaba cogiendo la puerta-. Pero su eventual elección le regalaría el discurso al Consell.

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