De qué se acusa a la mujer de Sánchez

La decisión de Pedro Sánchez de cancelar su agenda y tomarse cinco días para decidir si dimite o no como presidente del Gobierno está fundamentada en la «estrategia de acoso y derribo» que, a su entender, está sufriendo tras la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado de Madrid contra su mujer, Begoña Gómez, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. La Fiscalía ya ha pedido el archivo de las actuaciones.

La denuncia de Manos Limpias fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella (basándose en informaciones publicadas por El Confidencial y EsDiario) sostenía que Begoña Gómez, «prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

El Confidencial afirma que la investigación está relacionada con presuntos vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, que mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate de la empresa, gravemente afectada por la caída del tráfico aéreo desde la pandemia de coronavirus.

En aquel momento, Gómez dirigía el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.

Al final, el Gobierno concedió a Air Europa una ayuda de 475 millones de euros, una cifra récord en el sector y con la que la aerolínea pudo esquivar una situación económica límite. Aquel desembolso millonario de la SEPI fue aprobado por un Consejo de Ministros en el que participó el propio Sánchez.

Desde el sindicato aseguran que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostienen, y añaden que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (...) de la compañía». A esto suma que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Este jueves, Manos Limpias ha emitido un comunicado en el que asegura que basó su denuncia en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas «serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad. Pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir», matiza.

El Confidencial afirma que el IE Africa Center firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de Gobierno «se reunió en privado con el consejero delegado del 'holding' turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía».

En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultad por la pandemia.

La compañía española fue la primera de muchas otras que beneficiaron de ese fondo.

El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones, pero según han revelado fuentes jurídicas, el interés del juez, en primer lugar, se centra en la firma por parte de Gómez en julio de 2020 -en calidad de codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid- de sendas cartas cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía.

Se da la circunstancia de que el principal accionista de la UTE, el empresario Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

Aquella UTE avalada por Begoña Gómez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. En ninguno de los tres lotes, la UTE presentó la oferta más ventajosa, pero esta sociedad de empresas logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.

Entre las diligencias que reclama Manos Limpias están las cartas de recomendación. En esas misivas rezaban: «la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE (Fondo Social Europeo). Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados», decía la carta respaldada por Begoña Gómez.

La denuncia señala, en primer lugar, a delitos recogidos en el artículo 429 del Código Penal, en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este» para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Por otra parte, el delito de corrupción privada, también recogido en la demanda, se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes «prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros». También afecta a aquellos que «reciban, soliciten o acepten» esos beneficios o ventajas.

• Temas
• Begoña Gómez
• Pedro Sánchez