Nueva adjudicación para Francis Puig: 120.000 euros de À Punt

Francis Puig está considerado como el cabecilla del cártel de las productoras un grupo de empresas del audiovisual de la provincia de Castellón, que desde la llegada del Consell del Botánico se ha repartido más de un millón de euros entre subvenciones y adjudicaciones. Las ayudas para el fomento de la lengua han llegado desde Cataluña, Aragón y la Comunitat Valenciana.

El pasado mes de junio, À Punt sacó una licitación cuatro lotes para dar cobertura informativa a varias zonas de la Comunitat Valenciana: Els Ports y Alt Maestrat, Baix Maestrat, Camp de Morvedre i Alt Palància y Plana Alta, Plana Baixa, l'Alcalaten i Alt Millars. Comunicacions dels Ports, empresa del hermano del presidente del Consell, se presentó al primer lote y se hizo con la adjudicación al lograr más puntuación que Rubén Cervera Sorlí y Miraelpardalet.

Los 120.000 euros se repartirán a razón de 30.000 euros en 2023, 2024 y 2025, mientras que en 2022 la aportación es de 10.000 euros y de 20.000, en 2026, debido a que estos dos ejercicios no son de año completo.

La adjudicación se produce casi dos años después de que Comunicacions dels Ports, la empresa de Francis Puig, fuera sancionada junto a las productoras de los hermanos Adell Bover (Canal Maestrat y Kriol) y la mercantil Visualiza a un pago de 46.000 euros por pactar precios para llevarse varios lotes de corresponsalías para À Punt. Fue la propia televisión autonómica la que denunció el caso y lo puso en conocimiento de Competencia, que en otoño de 2019 abrió el expediente sancionador.

A Comunicacions dels Ports, empresa matriz del hermano de Ximo Puig, se le impuso una sanción de 16.801 euros, mientras que para Canal Maestrat y Kriol, las dos productoras de los Adell Bover, la sanción fue de 26.103 euros. La última firma multada es Visualiza, con 3.337 euros.

Además de la multa económica, Competencia de la Generalitat, un órgano que depende de la conselleria de Economía, remitó el fallo a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es la que debe decidir si las productoras sancionadas podrían seguir contratando o no con la administración. La demora en la toma de esta sanción es la puerta abierta para que la mercantil del hermano del presidente de la Generalitat pueda optar a licitaciones como la de À Punt, que le reportará 120.000 euros en los próximos ejercicios.

Francis Puig, cabecilla del cártel de las productoras, según declaró una de las trabajadoras de Kriol y exesposa de uno de los hermanos Adell Bover, ha podido seguir trabajando, mientras que la empresa matriz de sus socios, Canal Maestrat, ha entrado en concurso de acreedores. Las conversaciones de whatsapp requisadas durante la entrada a las instalaciones de Canal Maestrat demuestran el papel principal del hermano del presidente de la Generalitat en la maraña de las productoras. Francis Puig era el que informaba generalmente del anuncio de nuevas subvenciones.

Además, al margen de la multa de Competencia tras la denuncia de À Punt y a la espera de la resolución de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Francis Puig y uno de los hermanos Adell Bover están imputados por un posible fraude de subvenciones por las ayudas recibidas de la conselleria de Educación para la promoción del valenciano. Un proceso judicial que sigue abierto en el que a los hermanos Adell Bover sí que se les exigió la devolución de más de 200.000 euros, que es parte de la subvención recibida.

El PP, a través de su diputada Eva Ortiz y del consejero en la Corporación de Medios, Vicente Cutanda, han reclamado todo el expediente de la nueva adjudicación al hermano del presidente del Consell.