La nueva línea roja de Compromís en los tribunales: llegar hasta el final

Compromís es el partido que lidera Mónica Oltra. Una coalición que, especialmente entre 2011 y 2015, cimentó buena parte de su éxito electoral en un contundente papel de reproche de supuestos comportamientos corruptos en las filas del PP valenciano. Un alud de querellas y denuncias que llevaron al banquillo a cargos y excargos del PPCV. Algunos acabaron condenados y otros, la mayoría, absueltos.

En todo caso, lo que la coalición hizo fue construir una línea de exigencia ética desconocida hasta ese momento. Para los nacionalistas, la mera declaración de un cargo político como imputado en una causa llevaba acarreada la exigencia de responsabilidades políticas. Y esa exigencia derivaba en la obligación de dejar el cargo.

La multitud de procedimientos judiciales abiertos a cargos populares y el clima social generado en aquella época, unido a un PPCV en retroceso y con un liderazgo político vacilante, derivó incluso en que los populares asumieran esa línea roja: un cargo imputado estaba obligado a dejar el cargo.

Compromís, y también el PSPV, jugó un papel determinante a la hora de elevar ese nivel de exigencia ética y política. La mera existencia de una sospecha bastaba para exigir el cargo. Oltra, ya líder del partido, fue la que protagonizó en más ocasiones ese juicio moral sobre lo que debían hacer los cargos públicos señalados por los tribunales.

Oltra elevó al máximo el listón de la exigencia, y ahora da la sensación de que Compromís y ella misma pretenden rebajárselo ante su situación judicial. La líder de Mes Compromís, Àgueda Micó, lo dejaba claro este viernes en À Punt: «nuestra línea roja es llevar el procedimiento judicial hasta el final».

Hasta el final vendría a significar que el nivel de exigencia de que se asuman responsabilidades, y se renuncie al cargo, se rebajaría, ya no a la imputación, al procesamiento o a la celebración del juicio, sino hasta el mismo momento en que se produjera una condena, y aparentemente, sólo en ese caso.

De hecho, ese ha venido a ser el rasero que Compromís viene aplicando desde que gobierna con aquellos cargos públicos que han tenido que hacer frente a causas judiciales. El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, o el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, tuvieron que hacer frente a causas judiciales. Ambos resultaron absueltos y, evidentemente, en ningún momento se vieron apartados de sus cargos.

El caso de Oltra, no obstante, es distinto. Micó se ha mostrado convencida este viernes de que el president de la Generalitat Ximo Puig no forzará la salida del Consell de la vicepresidenta, y ha advertido de las consecuencias que tendría para el Gobierno de coalición la posibilidad de que finalmente sí que lo hiciera. «Una decisión unilateral comportaría una ruptura de la alianza», ha proclamado.

Pese a esa posición, lo cierto es que el reproche penal que se le hace a la vicepresidenta del Consell resulta de tal magnitud y afecta a un asunto de tanta sensibilidad -el encubrimiento de un caso de abusos a una menor por parte de su exmarido- que resulta improbable que su situación pueda equipararse a la de cualquier otro cargo de la coalición.

La visibilidad de la líder de Compromís, una figura política que goza de relevancia nacional gracias a sus reiteradas apariciones televisivas, también redobla la presión mediática.

Pero, por encima de eso, el calendario electoral es el que más puede contribuir a hacer evidente el cambio de rasero de la coalición. A menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas, y con los sondeos revelando una situación de empate técnico entre bloques, que Compromís sostenga a Oltra -y que ella misma rechace dimitir- después de haber elevado tanto la exigencia de ejemplaridad cuando se trataba de cargos de otros partidos, parece poco sostenible. Máxime cuando muchos de esos cargos terminaron absueltos en los tribunales, eso sí, después de verdaderos calvarios judiciales y de ver destrozadas sus vidas en muchos casos.