Nuevo chiringuito a la vista: Llega la Agencia del Cambio Climático

El tripartito valenciano ultima la puesta en marcha de una nueva entidad para su sector público. Se trata, en concreto, de la Agencia Valenciana del Cambio Climático. Una entidad dependiente de la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica -en su acepción oficial- que dirige Mireia Mollà.

El pleno del Gobierno valenciano tiene previsto aprobar el texto del anteproyecto de ley en su reunión de este viernes. Se trata, obviamente, de un nuevo organismo que engordará el cada vez más voluminoso sector público valenciano, como si las 'vacas gordas' hubieran regresado a la economía valenciana.

El proyecto de creación de una Agencia Valenciana del Cambio Climático (o más probablemente, 'contra' el cambio climático), no es nuevo. De hecho, es todo lo contrario. El Consell presentó en septiembre de 2019, recién empezada la segunda legislatura del tripartito, la declaración de emergencia climática de la Comunitat Valenciana «para dar un mayor impulso a la lucha contra el cambio climático, compromiso esencial establecido en la agenda política del Gobierno valenciano». De esa declaración nacía la justificación formal de la necesidad de crear esta nueva entidad.

Aunque esa declaración rimbombante tampoco era nueva. Llegaba más de un año después de que ya se hubiera anunciado la creación de esa Agencia contra el Cambio Climático, a propuesta de Podemos en una de las negociaciones presupuestarias del primer gobierno presidido por Ximo Puig. Han pasado, desde entonces algo más de cuatro años. Y es ahora cuando el Gobierno valenciano parece decidido a tramitar la creación de este nuevo organismo. La emergencia climática declarada entonces en la Comunitat se ha mantenido sin Agencia alguna.

La tramitación de la iniciativa ha tenido problemas. La vicepresidencia segunda que ocupó Rubén Martínez Dalmau se quedó con las ganas de ver el nacimiento de esta nueva entidad. La comisión delegada del Consell de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental (TESA) impulsada por el exdirigente de Podemos, anunció en su día la firme decisión de «incorporar al conjunto de consellerias» las políticas dirigidas a combatir el cambio climático. De ese organismo surgió la idea de esta Agencia, igual que la de la Energía.

La Agencia del Cambio Climático nació por tanto de Podemos, pero su desarrollo ha dependido de una conselleria dirigida por Compromís, la de la consellera Mollà. Quizá esa diferenciación está en el origen del retraso de la norma.

El texto que debe ver ahora finalmente la luz establece que la Agencia tendrá como objeto la ejecución de las medidas de lucha contra el cambio climático previstas en las estrategias y planes que tengan la finalidad de mitigar los efectos del cambio climático y las fórmulas de adaptación al mismo, siguiendo las directrices de política general del Consell.

El nuevo organismo contará con los pertinentes órganos de dirección: una presidencia -que recaerá sobre el titular de la conselleria de Agricultura- una vicepresidencia, un consejo de dirección, y una dirección asistida por una secretaría general técnica, se regirá por el derecho privado y tendrá autonomía de gestión dentro de su ámbito competencial.

El pasado mes de febrero, el vicepresidente segundo Héctor Illueca expresaba su satisfacción por el hecho de que la tramitación de la nueva Agencia afrontara su recta final, y remarcaba él éxito que suponía haber podido aunar en la TESA las fuerzas botánicas en el impulso de la transición verde. «Es una herramienta estratégica para hacer realidad las políticas que respondan a la situación de emergencia climática que el Gobierno del Botànic declaró en septiembre de 2019», dijo Illueca.

A finales de 2019, altos cargos del Consell aseguraban confiar en poder constituir la Agencia Contra el Cambio Climático a lo largo de 2020. Desde la oposición se tildó en su momento este tipo de agencias como «chiringuitos», algo que el Botánico niega. Sin embargo, la necesidad de estos organismos se relativiza al comprobar la parsimonia para ponerlas en marcha, a pesar de que la Comunitat está en emergencia climática, según estableció el propio Consell.

Existen dudas, de hecho, respecto al impacto que una Agencia de carácter regional pueda tener sobre el cambio climático que, si por algo se caracteriza es, precisamente, por su incidencia global.

Esa circunstancia se suma el sustancial crecimiento del sector público desde la llegada de la izquierda a la presidencia de la Generalitat en 2015. El presupuesto del medio centenar largo de entidades y organismos del Sector Público Instrumental (SPI) para este 2022 asciende a 3.714,66 millones de euros, según fuentes de la Conselleria de Hacienda. En 2015, último año durante el que Alberto Fabra (PP) ocupó la presidencia de la Generalitat, ese entramado generaba un coste presupuestario de 2.038 millones.