Secciones
Servicios
Destacamos
Los últimos condenados de la trama Gürtel, la del amaño del contrato de las pantallas de la visita del Papa, tratan por todos los medios de evitar su ingreso en prisión. Pedro García, exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), expuso recientemente sus motivos para que ... se suspenda su entrada en la cárcel. Alegó que ninguna pena por los respectivos delitos supera los dos años -aunque el total es superior a cinco-, que ha pagado medio millón de euros y que actualmente lleva una vida «absolutamente normal», alejada de cualquier ámbito delincuencial.
No es el único de los condenados que explora esta vía que les permitiría mantener la libertad pese al severo reproche penal. Otros dos exdirectivos de RTVV han presentado sendos escritos en la misma línea. El más conocido, sin duda, es Vicente Sanz, el que fuera número 2 de la televisión pública y que en su día fue condenado por acosar y abusar de tres periodistas de la cadena. Unos hechos que reconoció a cambio de una sustancial rebaja de pena. De más de 20 años de prisión a una multa de 15.000 euros y respectivas indemnizaciones.
Esa condena podría complicar uno de los requisitos para conceder esta medida, el hecho de que sea su primer delito. Pero la defensa de Sanz sostiene que sólo se han de computar otras sentencias si los hechos son posteriores a los que se han juzgado en Gürtel. Es decir, el amaño de las pantallas se produjo antes que Sanz tuviera una sentencia firme por el acoso a las profesionales. Por otra parte, subraya que no debe hacer frente a ninguna cantidad por la responsabilidad civil.
A la hora de conceder este tipo de suspensiones, el tribunal ha de evaluar también toda una serie de circunstancias personales del condenado. Es ahí donde el letrado concentra sus esfuerzos. Alude al estado de salud de Sanz, un hombre de 78 años que arrastra diferentes patologías. Recuerda, además, que fue condenado como cómplice, pero no como autor de los diferentes delitos, entre ellos, la malversación y el fraude a la Administración.
La suspensión condicionada exige el pago de una multa o bien la obligación de hacer trabajos en beneficio de la comunidad. La defensa considera que la multa debería situarse en los 3.600 euros, de acuerdo a las cuotas y el importe. Esa sería la cantidad mínima, aunque la tesis de la defensa contempla hasta el pago de 12.000 euros, siempre según los cálculos que plantea este profesional. Adelanta que la eventual realización de los trabajos sociales no sería adecuada debido a su edad.
Juan Prefaci, el que fuera jefe de gabinete del director de RTVV, solicita también la sustitución de los dos años y medio de prisión que le fueron impuestos. Coincide, en líneas generales, con los argumentos de sus compañeros. En resumen, que las penas por separado no exceden los dos años, que se le condenó como cómplice y que, además, se trata de su primer y único delito.
En su escrito subraya el tiempo transcurrido desde la comisión de estos hechos: más de 17 años. Esta circunstancia incide, según su criterio, en la pérdida de la función de reinserción y socializadora que persigue una pena de cárcel. Por otro lado, la defensa recuerda la vida familiar que sigue su cliente y la habitual colaboración como voluntario en ONG's.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.