El TSJ obliga a Antifraude a entregar al PP expedientes de una investigación a los socios de Francis Puig

Varapalo judicial para la Agencia Antifraude. El TSJ acaba de ordenar al organismo que dirige Joan Llinares que entregue documentación relacionada con las empresas Kriol Producciones y Canal Maestrat, las mercantiles de los Adell Bover, los socios de Francis Puig, en la captación de subvenciones para el fomento del valenciano que se investigan en un juzgado de Valencia. La Sala de lo Contencioso del TSJ finalmente le ha dado la razón a los populares. Además, impone las costas a la Agencia Antifraude.

Los magistrados recuerdan que la norma que impera en esta controversia es el Reglamento de Les Corts. Y que en su condición de diputada, Eva Ortiz, puede acceder a todos los documentos públicos no sólo aquellos que estén en las consellerias sino también de las empresas y organismos públicos, como la Agencia Antifraude.

La sentencia desmonta uno por uno todos los argumentos del organismo para negar la entrega del material. Por ejemplo, recuerda que tal y como está redactado el reglamento de Les Corts es obligatorio que Llinares sea transparente con el expediente, asunto diferente sería el cambio del Reglamento, anterior a la creación de la Agencia. De igual modo, insiste en que no puede acogerse a la protección del denunciante porque esa norma no tenía entonces aplicación en España. Por último, reprocha a Llinares que se ampare en la existencia de una investigación judicial para no dar los documentos cuando la apertura de la causa es posterior a la solicitud. Es más, es que la causa judicial fue impulsada por la misma solicitante de la documentación, la popular Eva Ortiz.