La obstinación del tripartito contra la F-1 cuesta 790.000 euros a los valencianos

El tripartito -antes de ser Botánico- tenía entre sus objetivos demostrar que todo lo relativo a la Fórmula 1 –la negociación, adjudicación y montaje y la posterior venta del Valmor– fue delictivo. Las denuncias en Anticorrupción no tardaron en pasar al TSJ primero y a un juzgado ordinario, después. Fue Instrucción 2 quien abordó el asunto, unas diligencias que se dilataron en exceso y que terminaron en un sonado archivo tras la retirada de Anticorrupción y pese a la persistencia de la Abogacía.

Pero, en paralelo a aquello, la Generalitat impulsó otro procedimiento en el Tribunal de Cuentas donde pretendía que altos cargos del Consell como Lola Johnson, y los exdirectivos de Circuito Motor, José Míguel Escrig Navarro, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón pagaran con su propio patrimonio a los 24 millones de euros que supuso la fusión por absorción de la empresa Valmor. De manera subsidiaria, la Generalitat solicitaba la condena a 14 millones de euros para la exconsellera Trinidad Miró y al resto de directivos por no perseguir el pago de la deuda que acumuló la empresa organizadora con la Generalitat

El primer pronunciamiento en contra del Tribunal de Cuentas supuso 489.000 más IVA, lo que suma 591.000 euros. Pero esa resolución no fue suficiente para la Abogacía de la Generalitat. La apelación -también perdida- aumentó la factura en otros 203.000 euros. Estas cantidades se han abonado hace unas semanas en las respectivas cuentas de los investigados. El retraso se debió, entre otras cuestiones, a la impugnación de la Generalitat -en el anterior periodo- de los honorarios de los letrados por considerarlos elevados.

Johnson no duda en calificar de «despropósito» todo lo ocurrido en los últimos años. Analiza, en un primer momento, la situación judicial. «En nuestro caso no llegamos ni a juicio. Y eso que yo siempre tuve la tranquilidad y la confianza de lo que habíamos hecho era lo correcto». La que fuera consellera de Cultura, Turismo y Deporte y también portavoz en el Gobierno de Francisco Camps califica de «cacería política» todo el proceso, pero aún más el iniciado en el Tribunal de Cuentas. «Eso era una clara maniobra dilatoria». El objetivo: mantener la sospecha de que existía alguna irregularidad en el asunto de los Grandes Premios.

Todo esto supuso un esfuerzo económico para las familias de los investigados. El resultado es ahora rocambolesco. La Generalitat persiguió un supuesto perjuicio -que nunca existió- y la realidad es que ha terminado pagando casi 800.000 euros. «Se puso en entredicho lo nuestro, que sólo hicimos que tomar las mejores decisiones para causar el menor perjuicio posible». Este dinero lo tendría que pagar «quienes impulsaron esto».