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El mandato de Pilar de la Oliva como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) finaliza el próximo mes de enero. Este horizonte temporal, apenas dos meses y con la Navidad de por medio, ya ha avivado la curiosidad en los mentideros judiciales acerca de una hipotética renovación, de quiénes serían los aspirantes al alto tribunal valenciano y de si el PP y PSOE habrán renovado para entonces el Consejo General del Poder Judicial.
Vayamos por partes. El futuro de De la Oliva. Adentrarse en el particular universo de la presidenta resulta complicado por su tradicional hermetismo. La respuesta oficial que facilitó en su día el TSJ es que De la Oliva todavía no había decidido qué hará. Y sigue en esa línea. Esto conduce, de entrada, a pensar que es más probable que piense en un último intento. Este análisis coincide con el de algunas fuentes judiciales que dan por hecho que tratará de renovar en el alto tribunal.
Desde otros ámbitos apuntan que De la Oliva podría jubilarse el año próximo, que cumple 65 años, aunque los jueces y fiscales pueden ampliar su carrera profesional hasta los 70 años. Tampoco esta vía es descartable. Sin embargo, existe una tercera hipótesis que quizá gana más fuerza porque conjuga con habilidad las dos variables anteriores: «Claro que se presentará. No lo dudes. Pero si no sale elegida, entonces se jubilará». El último destino de De la Oliva fue el juzgado de Instrucción 10 de Valencia. Pero ahora, en su condición de expresidenta tiene preferencia para otros destinos.
Si De la Oliva diera el paso, trataría de conseguir un tercer mandato al frente del TSJ, lo que equivaldría a una etapa de 15 años. Un periodo que se antoja excesivo para cualquier puesto de responsabilidad. De hecho, tras un cambio en la normativa, los cargos gubernativos han quedado limitados a dos mandatos. Sin embargo, la presidenta puede esquivar esta cuestión y acogerse a una disposición transitoria porque ya estaba nombrada en el momento de la modificación legal. Pero sería, sin duda, una situación un tanto extraña.
Conviene desempolvar la hemeroteca para recordar algunas críticas a su antecesor Juan Luis de la Rúa cuando decidió presentarse a una tercera convocatoria. No salió elegido. El magistrado conservador se jubiló finalmente tras un linchamiento impúdico por su papel en la causa de los trajes. Y todo por aquella astracanada de Francisco Camps en la inauguración de una sede judicial: «Somos más que amigos». De la Rúa nunca tuvo amistad con Camps.
Aquel final convulso del presidente De la Rúa - «mis hijos me aconsejaron que me querellara, pero no lo hice», confesó en una entrevista con LAS PROVINCIAS– marcó quizá el arranque de De la Oliva en una presidencia que, tras una década, las fuentes coinciden en calificar como de «perfil bajo». Su llegada estuvo marcada por una atmósfera extraña, en plena vorágine de la corrupción del PP, y se esforzó por marcar distancia con el poder. Cuando las circunstancias cambiaron, siguió con su estrategia.
¿Y quién se sumaría a esa carrera por la sucesión? El que fuera juez decano de Valencia, Pedro Viguer, se ha descartado. Era quizá uno de los relevos naturales de la presidenta. Coincidieron en sus mandatos y aglutinó la exposición mediática que De la Oliva rehúye. Sirva como ejemplo que la presidenta no ha concedido una entrevista en diez años. A Viguer se le daba por sucesor -incluso con el visto bueno de la presidenta- pero, al parecer, no quiere moverse de la Audiencia adonde se marchó meses antes de terminar como juez decano. Durante su representación de los jueces, abandonó la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que también pertenece De la Oliva.
El entorno de otra posible aspirante, la actual presidenta de la Audiencia,Esther Rojo, la elimina de cualquier aventura en este sentido. Su etapa en la Audiencia, sostienen, acaba de empezar. Idéntica posición que la de Pedro Castellano, presidente de la sección Cuarta de la Audiencia, y quien ya se presentó en su día a la plaza. En cambio, no se descarta que dé el paso Carmen Llombart, expresidenta de la Audiencia, vocal del Consejo y actualmente magistrada del TSJ. De igual modo que el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, baraja concurrir a la cita. Contactado por LAS PROVINCIAS optó por guardar silencio. La improvisada quiniela se puede completar con más nombres. El de María Dolores Hernández Rueda, de la Audiencia de Valencia, es uno de ellos. Alicia Millán, magistrada de Contencioso del TSJ, y Alfonso Villagómez, recién aterrizado en el TSJ desde Madrid y en su día asesor de Gobiernos del PSOE, son otros profesionales a los que se relaciona con un interés por el alto tribunal valenciano.
Existen circunstancias que condicionan completar el anterior listado de nombres. Por un lado, la pandemia, evidentemente. Pero también la incertidumbre sobre el actual Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales arrastran una situación de interinidad desde hace más de dos años. Todo apunta a que la renovación se producirá antes de que termine el 2020 tras un acuerdo entre el PP y PSOE. Pero lo cierto es que a día de hoy es una incógnita. Fuentes judiciales apuntan a que si de la Oliva se presentara con los actuales miembros tendría más complicado obtener una renovación. La presencia de Carmen Llombart en el órgano de Gobierno, con quien la relación no es especialmente fluida, podría ser determinante para sus aspiraciones.
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